Bolsonaro tendría suspendido el acceso a sus redes sociales de aprobarse una petición en la Corte Suprema debido a supuestos crímenes contra la humanidad
La Comisión parlamentaria de investigación (CPI) pidió a la Corte Suprema y a la fiscalía general de Brasil suspender hasta nuevo aviso las redes sociales del presidente Jair Bolsonaro. El mandatario compartió información falsa que asocia la vacuna anticovid con el SIDA, en un video que fue retirado de Facebook, Instagram y YouTube. "No podemos tolerar este tipo de comportamiento, es un crimen contra la humanidad", señaló Randolfe Rordigues, vicepresidente de la CPI. Esta comisión investiga la gestión del mandatario durante la pandemia y lo señalan de tener responsabilidad en la infracción de medidas sanitarias preventivas.
En la carta presentada por el senador Randolfe Rodrigues se pide la suspensión cautelar del acceso de Bolsonaro a sus redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Además, se pide la cooperación de Google para suministrar información de las cuentas del presidente de Brasil con el fin de evitar la destrucción de pruebas. Será demandada la destitución de Jair Bolsonaro por delitos contra la humanidad, salud pública y resoluciones arbitrarias de justicia. "Tenemos un delincuente persistente en la presidencia con un discurso mentiroso y absurdo", aseguró Rodrigues en su cuenta de Twitter. De ser aprobado por la Corte Suprema, Bolsonaro deberá retractarse en cadena nacional, so pena de una multa del equivalente a 9 mil dólares por día de incumplimiento.
Durante una transmisión en vivo, el 21 de octubre de 2021, Jair Bolsonaro difundió una noticia falsa al mencionar que los vacunados contra Covid-19 están desarrollando SIDA. Por su parte, a través de un comunicado, la Sociedad brasileña de infectología aclaro que no existe relación entre cualquier vacuna y el desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Por ello, las redes sociales eliminaron la transmisión de su plataforma para evitar mayor difusión de la información engañosa. "Nuestras políticas no permiten argumentar que las vacunas matan o pueden causar daños graves",