Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: Presidencia de Colombia
El Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara una ley de sometimiento que ofrecería reducciones de pena a integrantes de organizaciones criminales dispuestos a entregarse. La propuesta, todavía pendiente de presentación y debate en el Congreso colombiano, plantea beneficios distintos según el rango ocupado dentro de cada estructura.
Para integrantes con funciones de mando, la rebaja podría llegar hasta 30%, mientras otros miembros accederían a reducciones de hasta 50%. Esos porcentajes no serían automáticos, porque dependerían de la colaboración ofrecida y del cumplimiento de las condiciones establecidas para cada caso.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó que el mecanismo tendría carácter judicial y no abriría negociaciones políticas con las organizaciones. Tampoco otorgaría reconocimiento político a los grupos acogidos, pues el procedimiento estaría planteado como sometimiento ante la justicia penal ordinaria.
Uno de los requisitos será entregar las armas y todos los bienes obtenidos mediante actividades ilegales. También se exigiría información útil para identificar rutas criminales, cultivos ilícitos, personas desaparecidas o secuestradas y estructuras relacionadas con corrupción.
Los interesados deberán aportar datos sobre conexiones políticas y redes financieras que hayan facilitado actividades ilegales de las organizaciones. Cancino advirtió además que ocultar bienes o incumplir obligaciones podría provocar la pérdida de los beneficios obtenidos durante el proceso judicial.
También deberán contribuir con verdad, reparación y desmovilización, además de suministrar información capaz de apoyar el desmantelamiento de sus propias estructuras. El grado de colaboración tendría peso al determinar los beneficios finales, junto con las circunstancias específicas de cada entrega ante las autoridades.
Dentro del mecanismo, las víctimas tendrían participación en decisiones sobre beneficios específicos y eventuales libertades condicionales. Para acceder a esa libertad, el proyecto contempla cumplir cuatro quintas partes de la condena antes de solicitar ese beneficio.
La futura norma no suspendería órdenes de captura ni procedimientos de extradición contra integrantes de organizaciones criminales. Quienes ya estén detenidos tampoco podrían acogerse al mecanismo, según las condiciones explicadas públicamente por el ministro de Justicia.
Defensoría Colombia
El proyecto descarta cárceles especiales para quienes reciban beneficios y mantiene el cumplimiento de condenas en establecimientos penitenciarios ordinarios. Fiscales y jueces ordinarios continuarían encargados de los procesos, aunque podría evaluarse una unidad especializada dentro de la Fiscalía.
La entrega podría realizarse de manera individual o colectiva, sin exigir que toda la organización tome esa decisión al mismo tiempo. Un integrante podría entregarse aunque sus superiores continúen delinquiendo, siempre que acepte la vía judicial y las condiciones establecidas.
A su vez, la comunicación con las autoridades se desarrollaría por una vía jurídica y mediante representantes legales. Ese diseño busca separar el procedimiento de cualquier mesa de negociación política o reconocimiento especial para las organizaciones involucradas.
La iniciativa todavía puede modificarse durante su trámite, porque deberá ser presentada, debatida y eventualmente aprobada por el Congreso. Hasta entonces, las rebajas anunciadas representan los parámetros planteados por el Gobierno y permanecen sujetas al contenido definitivo de la ley.