Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: Cortesía de DANE
Más de 190 países firmaron un compromiso para proteger la biodiversidad mundial en una cumbre de las Naciones Unidas. Desde entonces, las dudas sobre el cumplimiento de esa promesa fueron frecuentes. En la reciente reunión de la COP16, celebrada en Cali, Colombia, las discusiones sobre la financiación de los esfuerzos de conservación dominaron la agenda, aun sin alcanzar una solución definitiva.
Durante la cumbre, los delegados aprobaron un acuerdo el cual incentiva a empresas a contribuir económicamente cuando utilicen información genética digital de la naturaleza. Según el acuerdo, compañías que generen ganancias mediante secuencias de ADN de organismos podrán aportar un porcentaje de sus ingresos a un fondo. Esto podría beneficiar a países con alta biodiversidad, como Brasil, en sus esfuerzos de conservación.
La sociedad civil y la comunidad científica valoraron este acuerdo como un paso importante ante la pérdida acelerada de especies. Sin embargo, el investigador de ecosistemas Yadvinder Malhi advierte: "Es un mecanismo voluntario, por lo tanto queda mucho por ver para lograr que funcione". Otro aspecto positivo es que el Fondo Cali destinará la mitad de sus recursos a comunidades indígenas, en reconocimiento a su rol en la protección de áreas ricas en biodiversidad.
Una investigación presentada en la cumbre mostró que más de un tercio de las especies arbóreas está en peligro de extinción. Además, la organización WWF informó que el tamaño promedio de las poblaciones de vida silvestre disminuyeron o en un 73% en los 50 años recientes, evidenciando la urgencia de estos esfuerzos. "Estamos en un punto de inflexión", afirma Manuel Pulgar-Vidal de WWF, subrayando lo crucial de actuar para evitar cambios irreversibles.
A pesar de los avances, sólo 44 de los más de 190 países presentaron planes de acción concretos, y la financiación sigue siendo insuficiente para alcanzar la meta de proteger el 30% de las áreas terrestres y marítimas para 2030. Durante la cumbre, se prometieron aproximadamente 163 millones de dólares, pero esta cifra está lejos de los 200.000 millones de dólares anuales precisados.
Otra propuesta discutida fue la venta de créditos de biodiversidad, un sistema el cual permitiría a empresas financiar proyectos de conservación en compensación por su impacto ambiental. Esta propuesta fue comparada con los créditos de carbono, enfrentándose a críticas por sus efectos limitados en la reducción de emisiones y su relación con posibles violaciones de derechos humanos. Brian O'Donnell, director de Campaign for Nature, señaló que estos créditos "son enrevesados, no están probados y no tienen demanda".
No obstante, el Panel Asesor Internacional sobre Créditos de Biodiversidad (IAPB) recomendó evitar transacciones secundarias de estos créditos para reducir los riesgos asociados a intermediarios, proponiendo un modelo nacional. En este modelo, las empresas que dañen la biodiversidad pagarían un impuesto a su gobierno, destinando estos fondos a créditos nacionales de biodiversidad.
Simon Zadek, miembro del IAPB, advirtió sobre el riesgo sobre actores privados actuando sin regulación, lo cual podría generar un "caos" en la gestión de los recursos naturales. Esta advertencia podría mostrar la necesidad de una estructura de gobernanza clara y efectiva para garantizar la participación de todos los sectores en la conservación global.