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Un posible plan de atentado contra tres altos funcionarios en Colombia llevó al Gobierno a activar medidas urgentes de protección e iniciar investigaciones formales. La Defensoría del Pueblo informó el 14 de octubre de 2025 sobre el riesgo que enfrenta la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia. También está incluida la representante a la Cámara Catherine Juvinao y el contralor general Carlos Hernán Rodríguez.
Según el organismo, "la posible existencia de un plan para atentar contra sus vidas expresa un grave riesgo para las mujeres en el ejercicio de la política, así como para un funcionario encargado de una función de control esencial en el marco del Estado de Derecho". La institución también advirtió que este escenario "podría traducirse en la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y al ejercicio de derechos políticos".
Los hechos se producen en un contexto electoral complejo ya que Valencia es aspirante a la presidencia por el partido Centro Democrático. En el caso de Juvinao integra la bancada del partido Alianza Verde y mantuvo una postura crítica hacia el Ejecutivo y Rodríguez ocupa un cargo de control clave. La Defensoría indicó que fue el propio Gobierno quien identificó el plan y ordenó el refuerzo de sus sistemas de seguridad.
De acuerdo con Blu Radio, una alerta de inteligencia sugiere que los ataques podrían estar dirigidos a generar un ambiente de inestabilidad política, con la intención de responsabilizar a la administración del presidente Gustavo Petro. Además, se reportó la posible participación de exmiembros de la fuerza pública, según datos preliminares revelados por la misma emisora.
Tras recibir la información, el presidente convocó reuniones privadas con los tres funcionarios involucrados y ordenó acciones inmediatas. La Unidad Nacional de Protección (UNP) determinó incrementar las medidas de seguridad, en coordinación con el ministro del Interior Armando Benedetti.
"La democracia colombiana la podemos y debemos cuidar día a día y solo lo hacemos si trabajamos de manera unida, sumando la acción institucional, la de los partidos y movimientos políticos de todas las tendencias ideológicas y la de la sociedad", indicó la Defensoría en su comunicado.
Además de expresar su preocupación, el organismo solicitó a la Fiscalía avanzar en el esclarecimiento de los hechos y, de confirmarse, proceder con la "judicialización de los responsables". También reiteró su disposición de acompañar institucionalmente a las personas señaladas como objetivo de las amenazas.
Este nuevo episodio se suma a una serie de hechos violentos que afectaron a líderes políticos durante 2025. El precandidato Miguel Uribe Turbay falleció en agosto, dos meses después de ser víctima de un atentado en Bogotá. Días más tarde, Noticias RCN difundió audios que revelarían un plan para atentar contra el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán. En los registros, una voz identificada como alias Mono menciona: "se me cayó el sicario de Bogotá, el que mandé a matar al alcalde de Bogotá".
La Defensoría del Pueblo alertó recientemente que más de 600 municipios presentan niveles de riesgo frente a las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 y la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. En respuesta, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunció la activación del Plan Democracia, que contempla el despliegue de 20.000 integrantes del Ejército y la Policía para custodiar el proceso electoral.
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