Bogotá ,
Carlos Ortíz
Crédito foto: Sergio F Cara (NotiPress)
La Nación colombiana evitó el pago de más de 223.247 millones de pesos, gracias a un fallo del Consejo de Estado que ratificó una decisión judicial previa en el litigio iniciado por la minera Vale Coal Colombia. La intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) fue clave para alcanzar este resultado, que establece un precedente en materia de licencias ambientales y mitigación de impactos sociales.
El proceso concluyó con la confirmación de una sentencia emitida el 19 de junio de 2025, que rechazó las pretensiones de la empresa minera. Según informó la ANDJE, el alto tribunal respaldó las resoluciones del entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de 2010, que obligaban a compañías mineras —incluida Vale Coal Colombia Ltda., antes Emcarbón S.A.— a participar en el reasentamiento de comunidades afectadas por la explotación de carbón en el departamento del Cesar.
"La Agencia logró demostrar de manera fehaciente que los actos administrativos demandados no solo se ajustaban a la legalidad, sino que eran una manifestación legítima del poder de policía ambiental del Estado", afirmó César Palomino Cortés, director general de la ANDJE.La minera alegaba que el Ministerio excedió sus competencias al imponer obligaciones de reasentamiento y cuestionaba las pruebas técnicas que sustentaban la medida. Sin embargo, tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (2023) como el Consejo de Estado coincidieron en que esta obligación ya estaba prevista desde el otorgamiento de la licencia ambiental original.
El Consejo de Estado subrayó que la disposición del Ministerio fue legítima y proporcional, al responder al interés general y la protección de la salud pública, en favor de las comunidades expuestas a impactos derivados de la actividad minera.
"Esta victoria judicial representa un precedente significativo, reafirmando la responsabilidad ineludible de las empresas en el cumplimiento de las condiciones ambientales de sus licencias y en la mitigación de los impactos sociales que puedan generar sus operaciones", concluyó Palomino Cortés.