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Por iniciativa del Gobierno Nacional, en colaboración con la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, se implementó un programa que permite a mujeres privadas de la libertad en condiciones de marginalidad cumplir sus condenas a través de servicios comunitarios, evitando así el encarcelamiento. Este programa se fundamenta en la Ley de Utilidad Pública (Ley 2292 de 2023) y busca garantizar un enfoque humanitario en el sistema penal.
Según datos oficiales, en Colombia existen 5.942 mujeres que cumplen con los requisitos para beneficiarse de esta ley, de las cuales 1.423 se encuentran en el centro carcelario El Buen Pastor de Bogotá. Hasta el momento, 105 mujeres han sido liberadas bajo esta medida, y hay 2.549 cupos disponibles a nivel nacional, gracias al apoyo de 27 aliados entre organizaciones no gubernamentales y entidades públicas, vinculadas al Ministerio de Justicia.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, destacó el trabajo articulado con diversas entidades para ampliar el alcance de esta alternativa penal. "El Ministerio ha acompañado a las mujeres en los centros carcelarios para conocer sus expectativas y determinar quiénes cumplen los requisitos", afirmó Buitrago.
Además, la cartera de justicia brinda asesoría jurídica a las reclusas, orientándolas en el proceso para solicitar el beneficio contemplado en la ley.
La Defensoría del Pueblo, mediante la resolución 003 de 2024, estableció un enfoque diferencial para la aplicación de la Ley de Utilidad Pública, garantizando una interpretación inclusiva con perspectiva de género. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, señaló que el bajo número de penas concedidas se debe, en parte, al desconocimiento de la norma y a interpretaciones restrictivas por parte de algunos operadores judiciales.
Este organismo también ha desarrollado guías pedagógicas dirigidas a asistentes sociales, jueces y defensores, con el objetivo de facilitar la comprensión de conceptos clave como marginalidad y condición de cabeza de hogar.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, emitió directrices a los fiscales para que promuevan los beneficios de esta ley durante los procesos judiciales. Camargo instó a los fiscales a identificar de oficio si las mujeres procesadas son madres cabeza de familia en situación de vulnerabilidad y a incorporar esta información en sus investigaciones.
Finalmente, la ministra Buitrago reiteró el compromiso del Gobierno con los derechos de las mujeres en reclusión, subrayando que la reintegración social es una prioridad. "En la cárcel entra la persona, no el delito. Por eso insistimos: sigan adelante, no cesen en ese intento", concluyó.
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