Foto: Presidencia de Colombia
La disputa por el presupuesto de la justicia transicional abrió un nuevo frente entre el Gobierno colombiano y la Jurisdicción Especial para la Paz. El presidente Abelardo de la Espriella negó que exista una política de venganza contra ese tribunal y defendió reducir sus recursos para 2027.
Su argumento central es que el Estado debe reforzar la justicia ordinaria, afectada por congestión de procesos, limitaciones de infraestructura y necesidades tecnológicas. "Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal", sostuvo el mandatario al responder a las críticas por el ajuste.
La Jurisdicción Especial para la Paz solicitó 947.642 millones de pesos colombianos para 2027, equivalentes a unos 296 millones de dólares. El proyecto presupuestario contempla 821.803 millones de pesos, alrededor de 257 millones de dólares, una cifra inferior a la solicitada.
Paralelamente, una iniciativa impulsada por el senador Enrique Gómez propone trasladar 100.000 millones de pesos hacia la Rama Judicial. Esos recursos serían utilizados para financiar nuevos despachos y atender el volumen de procesos pendientes en la justicia ordinaria.
Qué es la Jurisdicción Especial para la Paz
La Jurisdicción Especial para la Paz nació del acuerdo firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Su función es investigar y juzgar los crímenes más graves cometidos durante décadas de conflicto armado.
Ese sistema busca esclarecer responsabilidades, reconocer a las víctimas y aplicar sanciones diferenciadas a quienes aporten verdad sobre los hechos investigados. Entre sus primeras decisiones aparecen condenas contra antiguos dirigentes de las FARC por secuestros y contra militares retirados por desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
Presidencia de Colombia
Las sanciones pueden sustituir penas tradicionales de prisión por trabajos restaurativos y restricciones de movilidad cuando los responsables reconocen su participación. La JEP tiene rango constitucional, por lo que su eliminación no depende únicamente de una decisión presidencial.
Por qué el recorte genera una disputa
Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, advirtió que una reducción presupuestaria podría comprometer servicios esenciales y mecanismos de protección. También señaló posibles efectos sobre víctimas, testigos, intervinientes y operadores judiciales vinculados con los procesos de justicia transicional.
Ramelli pidió respaldo a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, Naciones Unidas y otros organismos que acompañan la implementación del acuerdo de paz. Desde la jurisdicción sostienen que el ajuste podría afectar su independencia, autonomía y capacidad operativa.
De la Espriella, en cambio, defendió que el presupuesto público debe definirse según los recursos disponibles y las prioridades generales del Estado. También reclamó explicaciones sobre la planificación, ejecución y resultados judiciales de una institución que recibió más de tres billones de pesos desde 2018.
En su campaña presidencial, De la Espriella había cuestionado la existencia y el costo de la JEP, un antecedente que alimenta la controversia actual. Ya como presidente, sostiene que la reducción busca reasignar recursos hacia la justicia ordinaria y no castigar al tribunal especial.
DESCARGA LA NOTA SÍGUENOS EN GOOGLE NEWS
