Foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Una carrera decisiva enfrenta Colombia para impedir que una nueva fuente de riqueza termine bajo control de organizaciones criminales. Minerales esenciales para baterías, vehículos eléctricos y centros de datos podrían aportar hasta $19 billones en ingresos fiscales hacia 2050.
Durante los próximos cinco años, las decisiones sobre seguridad, regulación y minería formal definirán cuánto podrá recaudar el Estado colombiano. El cálculo corresponde a un estudio de Fedesarrollo y Loom Strategy Centre sobre renta fiscal, crimen organizado y minerales críticos.
La pérdida proyectada no implica una salida inmediata de dinero público, sino ingresos que Colombia dejaría de obtener mediante proyectos legales. Esos recursos podrían desviarse hacia redes dedicadas a la extracción, transporte, comercialización, contrabando y lavado de activos.
Investigadores estimaron un recaudo potencial de entre $10 billones y $19 billones, expresado en valor presente neto hacia 2050. La cifra equivale a entre diez y trece años del presupuesto del Ministerio de Ambiente colombiano.
También representa cerca de siete años del presupuesto de inversión destinado a Defensa y Policía, según las comparaciones incluidas en la investigación. Su magnitud muestra cuánto podría influir esta actividad sobre las finanzas públicas y la capacidad estatal de inversión.
Minerales críticos sostienen nuevas industrias
Minerales como el cobre, el níquel, el niobio y el tantalio adquirieron mayor relevancia por su uso en infraestructura eléctrica, semiconductores, equipos de defensa y tecnologías digitales. Estos materiales también integran baterías, turbinas eólicas, vehículos eléctricos y sistemas empleados por centros de datos.
La demanda mundial de cobre podría crecer cerca de 30% hacia 2040, de acuerdo con las estimaciones recogidas por los investigadores. Estados Unidos, la Unión Europea y Japón buscan proveedores alternativos para reducir su dependencia del refinamiento concentrado en China.
Dentro del 25% de los países con mayor potencial minero figura Colombia, aunque sus recursos geológicos todavía enfrentan limitaciones regulatorias y territoriales. Entre los obstáculos aparecen procesos prolongados, información geológica insuficiente, incertidumbre normativa y presencia criminal en regiones con depósitos estratégicos.
La producción de níquel ya conecta al país con cadenas industriales globales mediante Cerro Matoso, una operación ubicada en el departamento de Córdoba. Esta mina concentra la producción colombiana y suministra ferroníquel utilizado principalmente por la industria internacional del acero inoxidable.
Crimen organizado replica el modelo del oro
El principal antecedente proviene de la extracción ilícita de oro, cuya operación generó entre $32 billones y $34 billones durante 2025. Esa suma fue equivalente al 1,9% del Producto Interno Bruto colombiano, aunque permaneció fuera del sistema tributario formal.
Organizaciones armadas ya muestran presencia en zonas con potencial para minerales críticos, especialmente Guainía, Vichada y corredores fronterizos con Venezuela. La investigación todavía no cuantifica esa explotación ilegal, aunque identifica señales suficientes para reforzar controles antes de una expansión mayor.
Detener esas redes requerirá vigilar toda la cadena, desde la extracción hasta la exportación y trazabilidad de los minerales. También será necesario formalizar productores, actualizar estudios geológicos y coordinar acciones entre autoridades ambientales, judiciales, territoriales y de seguridad.
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