Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
Pese a décadas de cooperación internacional y estrategias de erradicación, Colombia continúa en el centro del negocio mundial de la cocaína. Así lo documentó The New York Times en un reportaje publicado el 28 de diciembre de 2025, donde se expone cómo el país no logró romper el ciclo estructural del narcotráfico que persiste desde hace casi medio siglo.
El articulo explicó que la combinación de "densa selva, escarpadas montañas, largas y porosas fronteras y décadas de conflicto interno" favoreció el control territorial por parte de grupos armados ilegales. Estas condiciones hicieron posible el establecimiento de una economía ilícita difícil de erradicar, con presencia persistente en regiones rurales sin infraestructura estatal.
Las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos también fueron abordadas en el informe. The New York Times señaló que el país sudamericano "está inmerso en una disputa cada vez mayor con Estados Unidos por una serie de ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental", en el contexto de la ofensiva estadounidense contra el narcotráfico. Estas operaciones se iniciaron en Venezuela, pero se extendieron a zonas cercanas al territorio colombiano.
El presidente estadounidense Donald Trump calificó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, como "líder ilegal del narcotráfico" y advirtió: "él podría ser el próximo". En respuesta, Petro sostuvo que Trump "no merece más sino la cárcel" por haber autorizado ataques militares que resultaron en la destrucción de embarcaciones y la muerte de sus tripulantes.
Más allá de las críticas dirigidas a la administración Petro, el medio estadounidense afirmó que "no hay pruebas de que dirija o esté vinculado a ninguna organización criminal". No obstante, la política antidrogas del gobierno colombiano enfrentó algunas dificultades para consolidarse.
Al asumir el poder en 2022, Petro prometió un cambio de perspectiva que priorizara el desarrollo rural y la persecución de los líderes de organizaciones criminales, en lugar de los pequeños cultivadores. Su propuesta incluyó "ayudar a los campesinos a sustituir la coca por fuentes legales de ingresos, ampliar los usos legales de la hoja de coca, regular el cannabis más allá del uso médico y ampliar los servicios de reducción de daños".
Según Diego García-Devis, del programa de política de drogas de Open Society Foundations, ese plan fue "bien intencionado, bien expresado públicamente, pero muy mal aplicado". A pesar de su retórica reformista, el mandatario no abandonó la cooperación con Estados Unidos, y bajo presión interna y externa, retomó medidas como la erradicación forzada y la fumigación aérea con drones.
La estrategia de "paz total", que contempla negociaciones con grupos armados, también presentó resultados limitados. Durante su implementación inicial, los grupos armados "ampliaron los cultivos de coca, consolidaron las rutas de tráfico y aumentaron la producción".
En el ámbito internacional, Colombia impulsó una revisión de la clasificación de la hoja de coca en tratados globales, en foros como la Comisión de Estupefacientes de la ONU. El jefe de Estado sostuvo que perseguir a los pequeños cultivadores resulta ineficaz, dado que "simplemente vuelven a plantar".