Foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
El año 2025 dejó un saldo crítico en materia de derechos humanos, y Colombia fue señalada por Human Rights Watch (HRW) como escenario de "la crisis humanitaria más grave de la década". El recrudecimiento de la violencia, los desplazamientos forzados y la expansión de grupos armados ilegales configuraron un panorama alarmante que generó preocupación global.
Según el informe de HRW, el resurgimiento de los conflictos se concentró en regiones históricamente afectadas como Catatumbo, Cauca y Nariño. A pesar de la vigencia del acuerdo de paz de 2016, los grupos armados como el ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo intensificaron su presencia y control territorial, impulsados por economías ilícitas.
Entre enero y agosto de 2025, más de 137.000 personas fueron confinadas en sus comunidades debido a amenazas, enfrentamientos y presencia armada, reportó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA). En ese mismo periodo, se registraron al menos 79.500 casos de desplazamiento forzado, lo que representó un aumento del 53% respecto al año anterior.
La región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, fue escenario de una ofensiva del ELN contra el Frente 33 que dejó asesinatos, secuestros y desapariciones. Esta confrontación provocó el desplazamiento de más de 64.000 personas, en uno de los episodios más graves registrados en las últimas décadas.
"La paz total fracasó", concluyó HRW al evaluar la estrategia del gobierno para contener la violencia. La organización también alertó sobre el uso creciente de artefactos explosivos y drones armados. Según OCHA, entre enero y agosto de 2025, al menos 544 civiles murieron o resultaron heridos por estos medios, un incremento del 145% en comparación con el año anterior.
Juanita Goebertus, directora de HRW, declaró: "hay realmente un deterioro significativo de los indicadores de seguridad". De acuerdo con la funcionaria, el reclutamiento de menores aumentó más del 250%, los secuestros superaron el 190% y los confinamientos crecieron más del 50%.
El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en agosto, intensificó las advertencias sobre el proceso electoral de 2026. La Defensoría del Pueblo identificó amenazas a los derechos políticos en 224 municipios y solicitó medidas de protección urgentes.
Aunque la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó sentencias contra responsables de crímenes graves, HRW cuestionó su alcance. Las restricciones impuestas carecen de mecanismos efectivos de control, debilitando su valor reparador y la confianza de las víctimas en el proceso.
La respuesta del Estado mostró graves limitaciones. HRW afirmó: "las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales no han logrado proteger de forma efectiva a la población". En muchas zonas, la asistencia humanitaria fue insuficiente o llegó con retraso.
Grupos especialmente vulnerables como mujeres, personas LGBT, indígenas y afrodescendientes siguieron expuestos a violencia sistemática. Desde 2016, más de 1.500 líderes sociales fueron asesinados, con solo un 16,5% de los casos resueltos judicialmente, según la Defensoría del Pueblo.
HRW concluyó que Colombia enfrentó en 2025 una combinación crítica de violencia armada, pobreza estructural y debilidad institucional. Esta situación dejó a miles de personas sin garantías básicas de seguridad ni acceso efectivo a justicia, a meses de un nuevo ciclo electoral.
DESCARGA LA NOTA SÍGUENOS EN GOOGLE NEWS
