Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Los congresistas que comiencen el nuevo periodo legislativo en Colombia recibirán aproximadamente 18,1 millones de pesos menos cada mes. La reducción modificará uno de los ingresos parlamentarios más altos de América Latina y disminuirá casi una tercera parte de su remuneración.
Desde el 20 de julio de 2026, el salario bruto mensual bajará de aproximadamente 55,1 millones a 37 millones de pesos colombianos. Después de las deducciones obligatorias, cada legislador recibirá cerca de 22 millones, frente a los 32,8 millones netos calculados anteriormente.
El ajuste fue establecido mediante el Decreto 0030 de 2026, firmado durante el gobierno saliente del presidente Gustavo Petro. La disposición elimina la prima especial de servicios para los senadores y representantes que se posesionen desde esa fecha.
Antes del recorte, la remuneración incluía un salario básico de 13.327.111 pesos y gastos de representación por 23.692.648 pesos. A estos componentes se sumaba la prima especial, cuyo valor actualizado alcanzaba 18.098.558 pesos mensuales.
La suma elevaba el ingreso bruto de cada congresista hasta 55.118.317 pesos antes de aplicar impuestos, aportes previsionales y otras deducciones. Sin esa prima, el monto bruto quedará en 37.019.759 pesos, mientras el ingreso neto rondará los 22.071.180 pesos.
El beneficio había sido establecido mediante el Decreto 2170 de octubre de 2013, durante la administración del expresidente Juan Manuel Santos. Aquella norma sustituyó las primas de localización, vivienda y salud por un pago especial reajustable anualmente e incorporado al régimen salarial legislativo.
Dicha eliminación no afecta la prima ordinaria que reciben los trabajadores formales de Colombia, porque ambos pagos pertenecen a regímenes laborales diferentes. La medida se limita al beneficio especial concedido a los miembros del Congreso durante los últimos trece años.
La administración saliente de Gustavo Petro justificó el decreto mediante criterios de austeridad, sostenibilidad fiscal, racionalidad del gasto público, transparencia y equidad. Sus cálculos estiman un ahorro cercano a 62.000 millones de pesos colombianos cada año para las finanzas estatales.
El decreto sostiene que la remuneración parlamentaria resultaba desproporcionada frente al ingreso promedio de la población y la situación económica nacional. También vincula el ajuste con las metas fiscales y sociales incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026.
La decisión permanece sometida al control del Consejo de Estado, tribunal encargado de revisar la legalidad de los actos administrativos colombianos. Varias demandas cuestionan las facultades del Poder Ejecutivo y los posibles efectos sobre otros funcionarios con remuneraciones relacionadas con los salarios legislativos.
Mientras no exista una suspensión judicial, el recorte comenzará con la instalación del Congreso elegido para el periodo 2026–2030. La norma fue expedida por el gobierno saliente de Petro, mientras Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia el 7 de agosto.
La administración entrante no fue responsable de la eliminación y deberá definir su posición institucional frente al decreto y los procesos judiciales. Hasta entonces, los nuevos congresistas iniciarán funciones con la prima eliminada y una remuneración mensual cercana a 37 millones de pesos brutos.