Foto: Ministerio de Defensa
El Gobierno Nacional, a través del ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció que durante el Consejo de Ministros se discutirán medidas significativas para abordar la crítica situación humanitaria y de violencia en la región del Catatumbo, en Norte de Santander. La región atraviesa una seria situación producto de la guerra entre las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Velásquez explicó que se está considerando la posibilidad de declarar un estado de excepción en la región como una medida para enfrentar la crisis. Según indicó, esto permitiría una "mayor capacidad de fuerza pública con la destinación de recursos dirigidos específicamente a contrarrestar las causas que originaron ese estado de excepción". Este enfoque será discutido y detallado en el Consejo de Ministros.
Escalada de violencia y cifras alarmantes
La violencia en el Catatumbo dejó un saldo significativo de muertes y desplazamientos. Según el ministro, hasta el momento se reportaron 28 asesinatos confirmados mediante inspecciones técnicas a cadáveres, aunque las comunidades indican que la cifra podría ascender a 50 o incluso más.
En cuanto al desplazamiento forzado, Velásquez señaló que alrededor de 8,000 personas han abandonado sus hogares debido a los enfrentamientos entre el Grupo Armado Organizado Residual (Gaor) 33 y el ELN. Las cifras incluyen 2,600 desplazados en Ocaña, 229 en Hacarí, 2,700 en Cúcuta y 2,500 en Tibú. El ministro advirtió que estas cifras podrían incrementarse si las confrontaciones entre los grupos armados continúan escalando.
Presencia reforzada en la región
Velázquez enfatizó la importancia de garantizar la presencia de la fuerza pública en el Catatumbo: "Lo que tenemos que asegurar es la pronta presencia en la cantidad necesaria de nuestra fuerza pública en esos territorios".
Para coordinar las acciones de seguridad, Velásquez presidió un Consejo Extraordinario de Seguridad en Cúcuta, donde también se instaló un Puesto de Mando Unificado. Este organismo será clave para monitorear y dar seguimiento a la grave crisis social y de violencia en la región.
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