Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: Presidencia de Colombia
Un documento de 135 páginas concentra decenas de casos que podrían derivar en investigaciones sobre el manejo de recursos públicos durante la administración anterior. El llamado Libro de la Verdad reúne expedientes sobre contratación, tierras, programas estatales y cárceles, con hallazgos identificados durante la transición gubernamental.
Durante su presentación en Bogotá, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, entregó el documento a representantes de los principales organismos de control. La información quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.
José Manuel Restrepo, vicepresidente colombiano, afirmó que fueron identificados nueve comportamientos "asociados a prácticas que pueden fomentar la corrupción, documentados en 82 casos que hoy presentamos al país en el Libro de la Verdad". Los expedientes no equivalen a condenas y deberán ser examinados por las autoridades competentes para establecer eventuales responsabilidades administrativas, fiscales, disciplinarias o penales.Parte de los hallazgos surgió del proceso de transición, cuando equipos técnicos revisaron contratos, actuaciones administrativas, proyectos estatales y documentos presupuestales de diferentes entidades. Ese trabajo incluyó a más de 1.200 profesionales voluntarios, quienes participaron en el inventario y análisis de las condiciones recibidas por la nueva administración.
Dentro de los casos figura una contratación cercana a 786.000 millones de pesos colombianos para construir una planta desalinizadora en Santa Marta. La revisión detectó posibles cambios frente al proyecto aprobado, dudas sobre estudios previos y asuntos técnicos que quedarían bajo responsabilidad del futuro contratista.
Otro expediente aborda la compra de predios destinada al Fondo de Tierras mediante la Agencia Nacional de Tierras. El equipo reportó desembolsos por un billón de pesos colombianos y señaló que solamente tres de 537 predios analizados estaban debidamente titulados.
También aparecen proyectos de infraestructura comunitaria financiados con más de 612.000 millones de pesos colombianos, cuya ejecución física fue cuestionada. En Antioquia, seis convenios superaban 2.289 millones de pesos y registraban ejecución presupuestal completa, mientras las obras permanecían suspendidas y sin avance físico.
La situación penitenciaria ocupa otro apartado relevante, con cifras sobre hacinamiento, infraestructura, educación y servicios médicos dentro de los centros de reclusión. Iván Cancino, ministro de Justicia, señaló: "El 41,4 % de los reclusos duerme en el piso mientras se pagaron obras carcelarias que no existen".
El hacinamiento alcanzó 28 % en establecimientos penitenciarios y 95,5 % en centros transitorios, mientras solamente 25,4 % de los reclusos estudiaba. La revisión contractual identificó 119 hallazgos relacionados con proyectos penitenciarios, cuyo eventual impacto económico todavía debe ser precisado por las autoridades.
Algunos de los proyectos cuestionados contemplaban ampliaciones de cupos en Itagüí, Barranquilla, Ipiales y Buga, además de obras suspendidas en otros establecimientos. Más del 90 % de una meta prevista de 7.227 nuevos cupos carcelarios quedó pendiente, mientras se reportaron obras suspendidas por más de 82.700 millones de pesos.
La atención médica también registra pendientes, con 2.239 procedimientos y 4.137 medicamentos represados dentro del sistema penitenciario. Los 82 casos quedaron sometidos a revisión institucional después de la entrega formal del Libro de la Verdad a los organismos responsables.