Foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
La justicia penal colombiana podría cambiar desde sus primeras etapas hasta la celebración del juicio oral mediante un paquete compuesto por 15 directrices. La administración de Abelardo de la Espriella encargó al ministro de Justicia, Iván Cancino, la coordinación de las propuestas y su posterior presentación institucional.
En Colombia, la iniciativa comenzó como un conjunto de borradores técnicos y posteriormente se convirtió en una hoja de ruta para el nuevo Gobierno. Las medidas abarcan procedimientos judiciales, investigación criminal, reparación de víctimas, control disciplinario y persecución de operaciones vinculadas con recursos ilícitos.
Uno de los cambios centrales plantea eliminar la audiencia de imputación, donde la Fiscalía General de la Nación comunica formalmente los delitos atribuidos. La persona investigada avanzaría directamente hacia la acusación cuando los fiscales consideren reunidos los elementos necesarios para continuar el proceso penal.
Esa modificación reduciría una etapa del procedimiento vigente, aunque requeriría definir nuevas garantías para informar oportunamente los cargos y preparar la defensa. Las propuestas todavía deberán convertirse en proyectos normativos y superar los controles legislativos y constitucionales correspondientes antes de entrar en vigor.
Nuevas funciones para jueces y fiscales
La reorganización judicial propone que un mismo juez controle el expediente desde la acusación formal hasta la audiencia preparatoria del juicio. Posteriormente, otro juez o tribunal asumiría el debate oral y dictaría la decisión correspondiente, separando ambas fases procesales.
También se reduciría la participación del Ministerio Público en los procesos penales ordinarios, mientras parte de su personal sería trasladado hacia áreas sociales prioritarias. En Colombia, esta función es ejercida principalmente por la Procuraduría General de la Nación como organismo encargado de vigilar la actuación pública.
Otra directriz ordenaría absolver inmediatamente al procesado cuando la Fiscalía solicite esa decisión durante el trámite judicial. La medida evitaría prolongar casos donde el organismo acusador concluyó que no existen fundamentos suficientes para sostener una condena.
La propuesta incluye un órgano jurisdiccional independiente encargado de investigar y acusar penalmente a jueces y otros administradores de justicia. Esa entidad funcionaría separada de los despachos responsables de resolver los casos ordinarios sometidos a su conocimiento.
Reparación de víctimas y revisión del Código Penal
En delitos patrimoniales, las medidas distintas al encarcelamiento dependerían de que el procesado garantice al menos la mitad de la pretensión económica presentada. La condición vincularía los beneficios judiciales con recursos destinados a responder por el daño económico reclamado durante el proceso.
La agenda incluye una revisión del Código Penal para retirar conductas consideradas innecesarias dentro de la persecución criminal. Esa depuración concentraría fiscales, jueces y establecimientos penitenciarios en delitos definidos por el Gobierno como prioritarios para la seguridad pública.
Dentro de la reforma, los preacuerdos judiciales quedarían sujetos a la colaboración del acusado, la gravedad del daño y la reparación ofrecida. Paralelamente, las Casas de Justicia ampliarían mecanismos restaurativos destinados a resolver determinados conflictos mediante acuerdos y atención cercana a las comunidades.
Cancino deberá coordinar además una capacitación nacional para fiscales y miembros de la Policía Judicial sobre procedimientos de investigación y manejo de pruebas. El paquete incorpora mayores recursos para la Defensoría del Pueblo y una estrategia interinstitucional contra el lavado de activos y las finanzas criminales.
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