Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: x @danielmkovalik
Una controversia política y jurídica sacude a Colombia tras revelarse que el gobierno de ese país firmó un contrato por 10.000 millones de pesos colombianos (alrededor de 2,6 millones de dólares) con un bufete extranjero para defender al presidente Gustavo Petro en el contexto de su inclusión en la Lista Clinton, instrumento legal de sanciones económicas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El contrato, pagado con recursos públicos, contradice declaraciones previas del abogado contratado, quien había asegurado que actuaría sin cobrar.
La firma Amadeus Consultancy Limited, con sede en Reino Unido y representada por el abogado estadounidense Daniel Kovalik, fue seleccionada mediante contratación directa para brindar asesoría legal especializada ante organismos internacionales. En octubre de 2025, Kovalik declaró en entrevista con Blu Radio: "Sí, lo hago por la causa, porque creo en Petro. Creo en lo que está haciendo y asumiría la defensa de forma gratuita".
Pese a esa afirmación, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) formalizó un contrato con la firma británica. El acuerdo establece pagos mensuales de 500.000 libras esterlinas entre enero y abril de 2026, con una tasa máxima de 5.000 pesos por libra. Las entregas estarán condicionadas a la presentación de informes técnicos, reuniones con la Presidencia y análisis jurídicos sobre sanciones internacionales.
El documento contractual señala: "Si el objeto del contrato se cumple antes de la fecha pactada, los pagos que se encuentren pendientes se realizarán en los siguientes diez (10) días hábiles". Esto es siempre y cuando el informe final sea aprobado por la supervisión asignada, a cargo de la Secretaría Jurídica de la Presidencia.
Desde distintos sectores políticos se cuestionó el uso de fondos estatales para una defensa con connotaciones personales. "Otra farsa del gobierno Petro, mientras el abogado de Petro decía que su defensa internacional sería ‘pro bono’, la Presidencia firmó un contrato por $10.000 millones de pesos. ¡Debe responder como persona natural, no con recursos del Estado!", afirmó la senadora María Fernanda Cabal en la red social X.
El expresidente Álvaro Uribe también se refirió al tema: "Los ciudadanos tienen derecho a saber si es cierto o no que el fisco nacional paga abogado de Petro, que costaría 10 mil millones de pesos".
Dicha contratación fue justificada bajo el argumento de que no podía ser asumida por funcionarios del Estado, debido al nivel de especialización requerido y la necesidad de confidencialidad. La mayor parte del trabajo jurídico se desarrollará en el extranjero, según el contrato.
La polémica surge en un momento económico sensible para el país. Según datos oficiales, Colombia cerró el año 2025 con una inflación anual de 5,1%, superando por quinto año consecutivo el rango meta fijado por el Banco de la República. El encarecimiento sostenido de servicios básicos como salud, transporte y alimentos generó preocupación entre sectores sociales y económicos, intensificando el debate sobre el uso de los recursos públicos.