Bogotá,
Martín Olivera
Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrentará un juicio disciplinario por presunto enriquecimiento ilícito. La Procuraduría General de la Nación anunció el 29 de septiembre de 2025 que investigará un aumento no justificado en su patrimonio mientras ejercía como diputado del departamento del Atlántico en 2022.
Según el comunicado oficial, Petro Burgos habría registrado un incremento patrimonial superior a 1.189 millones de pesos, equivalentes a unos 300.000 dólares, sin que existan registros de ingresos suficientes que lo respalden. "En 2022 los ingresos del diputado fueron de 219 millones de pesos, mientras que sus gastos superaron los 1.409 millones, lo cual configura un incremento injustificado de su patrimonio económico", afirmó la Procuraduría.
Las autoridades detallaron que, aunque el exdiputado reportó actividades económicas vinculadas a su profesión como abogado, no presentó sus declaraciones de renta correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023. Esta omisión tributaria, según la entidad, "dificulta la trazabilidad de sus ingresos y gastos". Entre los bienes adquiridos figura una vivienda ubicada en Puerto Colombia, cuyo origen de financiación "no ha sido explicado satisfactoriamente".
En el auto de acusación, fechado el 5 de septiembre, se indica: "habría presuntamente recibido dinero de forma irregular para sufragar sus gastos personales y la adquisición de bienes". El documento fue citado por medios nacionales que siguen el caso de cerca, debido a su posible conexión con fondos vinculados a la campaña presidencial que llevó al poder al actual mandatario.
Paralelamente al proceso disciplinario, Nicolás Petro enfrenta una causa penal desde julio de 2023 por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En esa ocasión, la Fiscalía General de la Nación lo arrestó en Barranquilla y presentó cargos vinculados a supuestos aportes no declarados para la campaña de su padre en 2022.
Durante la audiencia, el hijo del presidente admitió haber recibido fondos del narcotraficante extraditado Samuel Santander Lopesierra, conocido como "Hombre Marlboro", por una suma cercana a los 400 millones de pesos, equivalentes a unos 100.000 dólares. La Fiscalía aseguró que una parte del dinero fue usada por Nicolás Petro y "otra parte" fue "invertida en la campaña presidencial".
También se investiga la posible participación de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso ‘Turco’ Hilsaca, en el presunto financiamiento irregular. En su defensa, Petro Burgos declaró: "Reconozco haber recibido esos recursos, pero en ningún momento mi padre tuvo conocimiento de ello. No hay indicios que lo impliquen".
La Procuraduría precisó que el juicio disciplinario forma parte de "una investigación más amplia sobre conductas irregulares en el ejercicio de funciones públicas y sobre el origen de ciertos recursos financieros". El caso generó atención pública y mediática por las implicaciones políticas que representa dentro del primer gobierno de izquierda en Colombia.
Actualmente, el Consejo Nacional Electoral investiga al presidente Petro por presuntamente haber superado los topes de financiación permitidos durante la campaña presidencial. Según la revista Cambio, la Corte Suprema también indaga al partido oficialista Pacto Histórico por irregularidades en el reporte de gastos. Gustavo Petro denunció que estas acciones buscan un "golpe de Estado".