Foto: Josue Díaz (NotiPress)
La región del Catatumbo, ubicada en el norte de Colombia, vive una de las crisis humanitarias más graves en los últimos años. Según reportó la defensora del Pueblo, Iris Marín, cerca de 11.000 personas fueron desplazadas forzosamente en los últimos cuatro días debido a los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las disidencias de las Farc. Esta confrontación está motivada por el control de economías ilegales, como el tráfico de cocaína, que históricamente generó conflictos armados en esta zona fronteriza con Venezuela.
Esta situación afecta principalmente a los municipios de Convención, Acarí, San Calixto, Ábrego, Tibú, Teorama y El Tarra, donde se registraron amenazas directas, confinamientos forzados y secuestros. Según Iris Marín, las acciones violentas vulneran derechos fundamentales y principios del derecho humanitario. "Hay vulneración generalizada del principio de distinción, hay ataques indistintos a combatientes y personas civiles que son señaladas de colaborar con un grupo o con el otro por el simple hecho de ser familiares o personas cercanas", explicó.
Además del desplazamiento masivo, el balance más reciente de las autoridades confirma que más de 80 personas fueron asesinadas durante esta escalada violenta. Esto incluye a firmantes de los acuerdos de paz de 2016, quienes habrían sido sacados de sus viviendas antes de ser ejecutados. La violencia obligó a cientos de familias a buscar refugio en cabeceras municipales como Tibú, Ocaña y Cúcuta, donde las autoridades locales instalaron albergues provisionales para brindarles atención primaria.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se pronunció sobre los hechos mediante un video divulgado, en el que expresó su rechazo contundente a las acciones de los grupos armados. "Como Procurador condeno categóricamente la ola de violencia desatada en la región del Catatumbo por organizaciones criminales que vienen dejando una traza de dolor en la comunidad civil, en los firmantes de paz, en los líderes sociales y atentan contra la estabilidad democrática", declaró. Eljach pidió a las autoridades nacionales y locales que adopten medidas urgentes para restablecer el orden, proteger los derechos humanos y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas.
Para enfrentar la crisis, la Procuraduría envió una comisión humanitaria extraordinaria con el objetivo de apoyar a las autoridades locales y a las víctimas. Según Gregorio Eljach, esta misión trabajará en coordinación con la Defensoría del Pueblo y los personeros municipales para fortalecer la defensa de los derechos humanos en los territorios más golpeados por la violencia. "Desde la Procuraduría se está apoyando a la Defensoría del Pueblo y a los personeros, quienes ejercen la defensa de los derechos humanos en los distintos municipios afectados", aseguró.
Iris Marín destacó que las necesidades humanitarias en la región son críticas, ya que muchas familias desplazadas requieren atención médica, alimentos, agua potable y seguridad. También subrayó la necesidad de ampliar las capacidades de entidades como Medicina Legal para atender el aumento de cuerpos recuperados en las veredas. "Deben hacerse varias necropsias de cuerpos que han podido sacarse desde las veredas", señaló Marín.
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