Foto: Presidencia Colombia
El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció el cierre de las mesas de diálogo y conversaciones sociojurídicas creadas durante la administración anterior y ordenó a las autoridades avanzar en capturas y extradiciones pendientes. La decisión consolida el viraje de su Gobierno frente a la política de "paz total" y coloca el sometimiento a la justicia como condición central frente a los grupos armados.
En Bogotá, el 4 de septiembre de 2026, De La Espriella informó que expidió los actos administrativos necesarios para terminar esos espacios de conversación y notificó al Ministerio de Justicia y a las autoridades competentes para ejecutar las medidas derivadas de esa decisión.
"El Estado no negocia su soberanía ni se arrodilla ante los criminales. La única vía es clara: el sometimiento a la justicia y al imperio de la ley", manifestó el presidente en un mensaje difundido en su cuenta de X.
La decisión amplía una medida anunciada días antes. El 30 de agosto, el Gobierno ya había comunicado el cierre de tres procesos de diálogo con estructuras vinculadas a alias "Calarcá", la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Para formalizarlo, el Ejecutivo anunció nueve resoluciones y la cancelación de reconocimientos a representantes y negociadores de esos espacios.
Gobierno ordena avanzar en extradiciones
De La Espriella señaló que, una vez cerrados los mecanismos de diálogo, las autoridades deben "proceder con las capturas a que haya lugar, avanzar en las extradiciones pendientes y hacer cumplir la ley con todo su rigor".
El mandatario ya había endurecido su discurso frente a la extradición desde agosto. Durante el reconocimiento de la nueva cúpula militar aseguró que las personas requeridas por autoridades extranjeras serían puestas a disposición de esos países una vez agotados los procedimientos legales y señaló que había firmado 30 extradiciones durante sus primeros 17 días de Gobierno.
La administración también ha afirmado que no autorizará contactos informales con estructuras que califica como terroristas y que cualquier negociación futura deberá desarrollarse dentro de la Constitución y la ley.
Ejecutivo rompe con la política de "paz total"
El nuevo Gobierno ha cuestionado abiertamente la estrategia implementada por la administración anterior. De La Espriella sostuvo que algunos espacios de diálogo permitieron beneficios sin resultados verificables y que su administración no utilizará las negociaciones como mecanismos de impunidad.
"Se acabaron las concesiones a los delincuentes. La autoridad legítima jamás volverá a claudicar", afirmó el presidente en el mensaje difundido el 4 de septiembre.
A pesar del endurecimiento de su postura, De La Espriella había señalado previamente que quienes demuestren una voluntad efectiva de abandonar la violencia podrán acogerse a mecanismos previstos por la Constitución y la ley. Para quienes continúen vinculados con narcotráfico, terrorismo o crimen organizado, el Gobierno anticipó el uso de la capacidad de la Fuerza Pública y la cooperación internacional.
El cierre de las mesas deja como siguientes pasos la ejecución de órdenes judiciales, extradiciones pendientes y la aplicación de las resoluciones que eliminan los mecanismos de conversación heredados del Gobierno anterior. La nueva política mantiene como eje el sometimiento a la justicia y la actuación de las instituciones de seguridad dentro del marco legal.
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