Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: Presidencia de Colombia
Ocupar una vacante en el Gobierno colombiano ya no dependerá únicamente de contar con presupuesto y un puesto disponible. El presidente Abelardo De La Espriella ordenó restringir nuevas contrataciones y nombramientos mediante una estrategia destinada a reducir los gastos de funcionamiento del Estado.
La decisión quedó establecida en la Circular Externa 08, fechada el 15 de octubre de 2026, con instrucciones para ministerios y entidades públicas. Su objetivo es controlar la incorporación de personal, evitar funciones duplicadas y aprovechar los recursos humanos existentes antes de autorizar nuevas vinculaciones.
Como parte del plan de austeridad gubernamental, las nuevas disposiciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2027. Además, establecen límites específicos para determinados cargos y contratos de servicios profesionales, junto con mecanismos de supervisión periódica.
Uno de los cambios principales establece que las entidades deberán limitar la ocupación de cargos de libre nombramiento y remoción al 60 % de los puestos autorizados. Esta categoría comprende empleos cuya designación y separación dependen de las facultades legales de las autoridades correspondientes.
Para calcular ese porcentaje, quedarán excluidos los cargos de ministros, viceministros, directores y subdirectores de departamentos administrativos. También habrá excepciones para puestos cuya ocupación resulte jurídicamente obligatoria o indispensable para mantener funciones esenciales, siempre mediante justificación expresa.
En cuanto a los contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo administrativo, las entidades deberán establecer una referencia basada en 2025 y 2026. A partir de esa información, la programación de nuevas contrataciones se orientará hacia un máximo equivalente al 25 % de la base calculada.
La metodología deberá quedar documentada para impedir duplicidades o incrementos artificiales en los valores utilizados como referencia presupuestaria.
El Gobierno busca disminuir el gasto público mediante un mayor control sobre las decisiones administrativas relacionadas con personal y contratación. Antes de incorporar funcionarios, cada institución deberá demostrar una necesidad funcional, identificar su impacto presupuestario y descartar posibles duplicaciones de tareas.
Para evitar contrataciones innecesarias, las entidades deberán redistribuir responsabilidades, facilitar movimientos internos, simplificar procedimientos y aprovechar herramientas tecnológicas de automatización. Estas medidas pretenden utilizar las capacidades existentes antes de comprometer recursos adicionales mediante nuevos contratos o nombramientos.
Sin embargo, las restricciones contemplan excepciones relacionadas con seguridad, protección, atención de emergencias, obligaciones legales y judiciales, y proyectos con financiación específica. También podrán autorizarse necesidades vinculadas con compromisos internacionales, siempre que exista una justificación escrita sobre costos, duración y necesidad.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República será responsable de supervisar el cumplimiento de las instrucciones establecidas. Para ello, ministerios y departamentos administrativos deberán presentar informes trimestrales sobre ocupación de cargos, contratos, excepciones y ahorros estimados.