Foto: Instagram Nicolas Petro
La Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento intramural en centro carcelario contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de Colombia, por su presunta participación en el desvío de recursos públicos mediante contratos adjudicados en el departamento del Atlántico. La petición fue realizada durante una audiencia virtual este 2 de diciembre ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla.
De acuerdo con la exposición de la fiscal Lucy Marcela Laborde, los hechos habrían ocurrido entre 2021 y 2022, cuando Petro se desempeñaba como diputado de la Asamblea del Atlántico. En ese periodo, la Fundación Conciencia Social —también identificada como Fucoso— recibió contratos por parte de la Gobernación, presuntamente direccionados para beneficiar intereses personales del imputado y personas cercanas.
"Solicito medida de aseguramiento preventiva intramural en establecimiento carcelario", expresó Laborde durante la audiencia. La fiscal señaló que Petro Burgos habría usado su influencia para facilitar la entrega de al menos dos contratos a la mencionada fundación, cuyos recursos habrían sido desviados para gastos personales de él, su entonces esposa Daysuris del Carmen Vásquez y Pedro Name.
Según la Fiscalía, Vásquez actuó como intermediaria entre el representante de la fundación y la Secretaría General de la Gobernación del Atlántico, siguiendo instrucciones directas de Petro. "Si bien Daysuris es quien efectúa el contacto material, lo hace por instrucciones de Nicolás Petro. Y lo hace por su influencia social y política, por tener relevancia en el contexto Caribe y nacional", expuso la fiscal Laborde.
La solicitud de cárcel se sustenta en cargos por peculado por apropiación, tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documentos. Durante la diligencia, se revelaron audios y conversaciones de texto en las que se discutiría la distribución de dinero presuntamente derivado de los contratos adjudicados.
Entre las pruebas presentadas, se encuentra un mensaje atribuido a Petro Burgos que dice: "Amor, entre mayor reserva, todo es mejor". Según la fiscalía, estas comunicaciones mostrarían una estrategia para ocultar la participación de los involucrados en el manejo de recursos públicos.
Además de los contratos, la fiscal Laborde reveló que el 10 de septiembre de 2025 se detectó un acceso irregular al sistema informático judicial. Una persona ajena al ente acusador habría ingresado a expedientes relacionados con el caso, accediendo a información clasificada. "Una persona que no pertenece a la institución no puede ingresar para conocer los números de radicado que se siguen en su contra. Solo con el número del radicado podría obtener alguna información, no toda", afirmó la fiscal, quien reportó la situación a sus superiores.
Como antecedente, el pasado 10 de noviembre, la Fiscalía ya había imputado seis delitos a Nicolás Petro en un proceso relacionado con los mismos contratos, estimando una apropiación aproximada de 111 millones de pesos.
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