Bogotá,
Francisco Vicario
Crédito foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
La Fiscalía General de la Nación de Colombia intensificó sus esfuerzos en una investigación que involucra a altos funcionarios del Gobierno, acusados de corrupción en la adquisición de carrotanques para comunidades vulnerables en La Guajira. Este caso, que capturó la atención pública, implica a figuras prominentes como Iván Name, presidente del Senado; Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes; y Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Así, la indagación, liderada por la Dirección Especializada contra la Corrupción, se ha extendido por varios meses, durante los cuales se realizó una exhaustiva revisión para identificar y procesar a los responsables de los presuntos actos de corrupción. En el marco de estas investigaciones, Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, presentó una matriz de colaboración ante la Fiscalía y se comprometió a revelar detalles significativos sobre el papel de otros involucrados.
Por su parte, la defensa de Pinilla ha solicitado recientemente medidas de protección, anticipando su próxima comparecencia el 8 de mayo, que será su tercera citación en relación con este caso. La Fiscalía reforzó aseguró el cumplimiento de las diligencias judiciales, destacando su compromiso de valorar y recibir la versión de todas las personas implicadas, incluyendo funcionarios y exempleados públicos que puedan contribuir con pruebas e información relevante.
Además, proporcionó apoyo técnico y científico, así como recursos logísticos y de policía judicial, a la fiscal a cargo del caso. Este respaldo es parte del esfuerzo por garantizar una investigación meticulosa y justa, subrayando la importancia de la independencia y autonomía en el ejercicio de las funciones judiciales.
En un reciente giro, Sandra Ortiz, relacionada con el caso, publicó chats que sostuvo con Olmedo López, proporcionando más evidencia sobre las irregularidades en la gestión de los carrotanques destinados a la provisión de agua potable. Estos detalles añadieron una capa adicional de escrutinio público y presión sobre los funcionarios implicados.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, reconoció la responsabilidad en la designación de López, enfatizando la necesidad de una reforma integral en la asignación de puestos clave para evitar futuras incidencias de corrupción. El organismo judicial reiteró que continuará la investigación hasta las últimas consecuencias, sin dejar que interferencias de ninguna índole afecten el curso de la justicia.