Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
Gremios del sector eléctrico rechazaron la propuesta del presidente Gustavo Petro de liquidar Air-e y convertir sus activos en parte de una nueva empresa pública para la región Caribe. La principal preocupación radica en las posibles consecuencias sobre la continuidad del servicio para cerca de 1,3 millones de hogares atendidos por la compañía en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El debate surgió luego de que Petro anunciara a través de su cuenta de X su intención de liquidar la empresa intervenida. El mandatario sostuvo que la medida permitiría integrar los activos de Air-e con otra compañía pública caribeña y avanzar en una solución estructural para los problemas energéticos de la región. También defendió iniciativas vinculadas al programa Colombia Solar y a una mayor participación estatal en la generación eléctrica.
De acuerdo con La República, horas después del pronunciamiento de Petro, Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), calificó la propuesta como una decisión "irresponsable e ilegal". De acuerdo con el dirigente gremial, una liquidación implicaría el cese inmediato de las operaciones de la empresa, situación que impediría mantener actividades esenciales relacionadas con la compra de energía, la facturación y la prestación del servicio.
Advirtió que una decisión de esa naturaleza podría afectar directamente a los usuarios del Caribe colombiano. En su opinión, el cierre de la compañía sin una alternativa operativa definida incrementaría el riesgo de interrupciones en el suministro eléctrico en una región que ya enfrenta desafíos históricos en materia de energía.
Según el presidente de Andeg, el gobierno tampoco presentó hasta ahora un operador capaz de asumir la operación de Air-e. El representante del sector afirmó que las empresas públicas existentes no cuentan con la capacidad financiera ni técnica necesaria para administrar una compañía que atiende a millones de usuarios y acumula pérdidas mensuales estimadas entre 150.000 y 200.000 millones de pesos.
La situación financiera también forma parte de las preocupaciones expresadas por el gremio. Castañeda recordó que los generadores continuaron suministrando energía después de la intervención estatal de Air-e en septiembre de 2024, pese a retrasos en los pagos. Conforme a las cifras presentadas por Andeg, la deuda acumulada de la empresa asciende a 2,5 billones de pesos, incluidos 1,7 billones correspondientes a generadores térmicos.
Mientras el gobierno plantea una transformación del modelo de operación eléctrica en el Caribe, el sector empresarial insiste en mantener la intervención vigente y destinar recursos orientados a estabilizar las finanzas de la compañía. Desde la perspectiva del gremio, esa alternativa permitiría preservar la continuidad del servicio mientras se buscan soluciones de largo plazo.
Para Andeg, una liquidación podría profundizar las dificultades del sistema eléctrico nacional en momentos de alta sensibilidad para el sector. La organización advirtió que una decisión apresurada aumentaría el riesgo de problemas financieros y operativos justo cuando el país se prepara para enfrentar posibles efectos asociados al fenómeno de El Niño.
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