Foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Un fallo judicial abrió un nuevo frente de tensión en Colombia después de recientes bombardeos contra campamentos de grupos armados ilegales. La medida provisional ordena suspender ataques aéreos cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de menores reclutados.
El objetivo es evitar nuevas muertes mientras la Justicia estudia de fondo una acción presentada en representación de niños y adolescentes. La decisión no prohíbe todos los bombardeos, sino aquellos dirigidos contra objetivos donde existan alertas verificables sobre menores utilizados por organizaciones armadas.
La controversia tomó fuerza después de operaciones realizadas en Guaviare, una región amazónica donde actúan disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En uno de esos ataques, ejecutado durante agosto, las autoridades forenses identificaron a tres menores de entre quince y dieciséis años entre los fallecidos.
En otros ataques recientes, las autoridades no confirmaron si había menores entre todas las personas fallecidas. Ese antecedente llevó el debate hacia las obligaciones estatales de protección infantil durante operaciones militares contra estructuras que recurren al reclutamiento forzado.
Qué exige la orden judicial
La providencia pide a las autoridades abstenerse de ejecutar operaciones aéreas ofensivas cuando existan datos verificables sobre niños o adolescentes reclutados. Antes de cualquier ataque, las fuerzas deben adoptar y comprobar medidas de precaución y protección capaces de reducir el riesgo para esos menores.
Como parte de sus fundamentos, el fallo invoca los principios de distinción, precaución y proporcionalidad del Derecho Internacional Humanitario frente al reclutamiento de menores. También exige valorar alternativas menos lesivas antes de autorizar acciones capaces de afectar a personas protegidas dentro de campamentos utilizados con fines militares.
El reclutamiento de menores continúa siendo uno de los problemas persistentes del conflicto colombiano y complica las decisiones operativas de las fuerzas estatales. La Defensoría del Pueblo registró 428 casos durante el año pasado y otros 97 entre enero y el 31 de julio de 2026.
Organizaciones armadas utilizan a menores en tareas de vigilancia, logística y combate, además de incorporarlos mediante presión, engaños o reclutamiento forzado. Esa práctica mantiene abierta una tensión entre las operaciones contra estructuras armadas y las obligaciones especiales de protección de niños y adolescentes.
Gobierno anuncia una apelación
El Gobierno de Abelardo de la Espriella sostiene que sus operaciones cumplen requisitos legales y los grupos armados son responsables del reclutamiento. El Ministerio de Defensa afirmó que los bombardeos recientes respetaron "todos los estándares legales" exigidos para planear y ejecutar ataques contra objetivos militares.
De la Espriella también respaldó las operaciones y responsabilizó a organizaciones que reclutan menores para convertirlos en combatientes o utilizarlos como escudos humanos. Desde el Ministerio del Interior, Rodrigo Lara cuestionó que el criterio judicial pueda trasladarse con claridad a decisiones tomadas durante operaciones militares.
A su juicio, expresiones como información "razonablemente verificable" dejan un margen amplio para determinar cuándo debe cancelarse un ataque aéreo ya preparado. El funcionario sostuvo además que una interpretación demasiado amplia podría terminar otorgando ventajas territoriales a grupos que mantienen menores dentro de sus estructuras.
Pese al desacuerdo, el Ejecutivo indicó que recurrirá a los mecanismos legales disponibles para solicitar la revocación de la medida provisional. Mientras esa discusión continúa, la orden obliga a incorporar mayores precauciones cuando exista información sobre menores antes de autorizar nuevos bombardeos.
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