Foto: x @generaljmora
La muerte de tres adolescentes durante un bombardeo militar en Colombia abrió una crisis política que ahora deberá resolverse dentro del Congreso. El episodio ocurrió el 27 de agosto en una zona rural de El Retorno, municipio del departamento de Guaviare, en el sur del país.
En la Operación Amón, el objetivo fue una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, vinculada al grupo comandado por alias Calarcá. El balance dejó diez personas muertas, mientras Medicina Legal confirmó posteriormente que tres víctimas tenían entre 15 y 16 años.
La confirmación trasladó el debate desde el resultado militar hacia las decisiones tomadas antes del ataque y la protección debida a menores reclutados. Diecinueve representantes presentaron entonces una moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, para exigir explicaciones sobre esas decisiones.
Qué significa una moción de censura en Colombia
A través de una moción de censura, el Congreso puede pedir cuentas a un ministro por las decisiones tomadas durante su gestión. En este caso, la Cámara de Representantes deberá tramitar la proposición, comunicar los cargos y convocar un debate con participación del funcionario cuestionado.
En dicha sesión, Mora tendrá la oportunidad de responder sobre la información de inteligencia disponible antes del bombardeo y las precauciones adoptadas. También deberá explicar qué alternativas operativas fueron evaluadas, incluido el posible uso de capturas, cercos o aislamiento antes de recurrir al ataque aéreo.
Después del debate, la votación debe realizarse entre el tercer y el décimo día siguiente a su terminación, según la proposición presentada. Una eventual aprobación de la moción implicaría la salida del ministro, mientras un rechazo le permitiría continuar en el cargo.
Qué ocurrió en Guaviare y qué está bajo revisión
Los promotores de la iniciativa sostienen que el Estado debe explicar si conocía previamente la presencia de menores dentro del campamento atacado. También cuestionan si las autoridades valoraron suficientemente el riesgo para adolescentes reclutados antes de decidir una operación con capacidad letal.
El Ministerio de Defensa ha defendido la legalidad del operativo y subrayó la responsabilidad de los grupos armados por reclutar menores. La cartera considera ese reclutamiento una grave violación del Derecho Internacional Humanitario y un crimen de guerra atribuible a esas organizaciones.
x @ABDELAESPRIELLA
Sin embargo, los congresistas firmantes sostienen que esa condición no elimina las obligaciones estatales de protección hacia menores vinculados al conflicto armado. La discusión parlamentaria, por tanto, no se limita a establecer quién los reclutó, sino cómo actuó el Estado conociendo ese riesgo.
El caso también revive antecedentes de controversias similares por operaciones militares en las que murieron menores durante gobiernos anteriores en Colombia. Ahora, la Cámara deberá determinar si las explicaciones del ministro son suficientes o si existe responsabilidad política que justifique su salida del gabinete.
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