Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: x @infopresidencia
La fijación del salario mínimo por decreto en Colombia introdujo un cambio relevante al incorporar el concepto de salario mínimo vital en un contexto de emergencia económica. La medida modifica el enfoque tradicional del ingreso base de los trabajadores. El nuevo criterio apunta a garantizar condiciones de vida dignas para los hogares.
Esta decisión fue comunicada por el presidente Gustavo Petro durante una alocución oficial realizada el 23 de diciembre de 2025. En su intervención, el mandatario confirmó que no se alcanzó un acuerdo entre empresarios y organizaciones sindicales. El desacuerdo se produjo dentro de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales.
Ante la falta de consenso, el Gobierno optó por fijar el salario mínimo mediante decreto presidencial, mecanismo previsto en la normativa colombiana. Según lo expuesto por el Ejecutivo, el decreto incorpora por primera vez el concepto de salario mínimo vital dentro de la legislación laboral.
Durante su intervención, Petro explicó que el objetivo es asegurar condiciones de vida dignas para los trabajadores y sus familias. En ese contexto, afirmó textualmente: "Nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias. El salario familiar, no individual". A continuación, añadió: "Y eso va en el decreto, salario vital por primera vez en Colombia".
El presidente señaló que el salario mínimo debe ajustarse a variables económicas relevantes, entre ellas la inflación. Al referirse a la base jurídica, expresó: "La jurisprudencia, la Cetesia 426, es el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario, es decir, que suba al menos como la inflación".
Dicho cálculo del salario mínimo vital toma en cuenta la canasta mínima vital familiar y el número promedio de personas que aportan ingresos en cada hogar. Petro explicó este criterio al señalar: "Ese concepto lo metemos en el decreto. Es el salario familiar, no individual". Posteriormente, agregó: "Esos datos existen, se aplican y nos dan el salario mínimo que vamos a decretar. Es un cambio".
El enfoque del salario mínimo vital se fundamenta en estándares de la Organización Internacional del Trabajo y la normativa constitucional vigente. El Convenio 131 de la OIT establece que el salario mínimo debe asegurar una vida digna. Según el organismo, el ingreso "Debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia, considerando el contexto económico y social del país".
A nivel nacional, el Artículo 53 de la Constitución Política de Colombia consagra el principio de remuneración mínima vital y móvil. El texto constitucional indica: "La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil".
La decisión generó críticas desde sectores empresariales y algunas voces políticas. Los cuestionamientos se centraron en posibles presiones inflacionarias, impactos sobre el empleo formal y riesgos para la sostenibilidad de las empresas.
Uno de los que reaccionó a esta situación fue el exministro Luis Gilberto Murillo, quien se pronunció a través de la red social X. En su mensaje afirmó textualmente: "El salario debe permitir vivir con dignidad, pero cuidando el empleo y a las empresas. El equilibrio es clave".
El proceso se desarrolla en medio de una emergencia económica declarada por el Ejecutivo. Este mecanismo constitucional permite expedir decretos con fuerza de ley para enfrentar una situación fiscal grave. La figura está sujeta a control posterior del Congreso y de la Corte Constitucional.