Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Colombia tuvo en sus manos la posibilidad de respaldar una resolución clave sobre las cuestionadas elecciones venezolanas de 2024, pero decidió abstenerse. Esa decisión forma parte de una serie de actuaciones que hoy colocan al expresidente Gustavo Petro bajo cuestionamiento por su relación con Nicolás Maduro.
Un informe del Miranda Center for Democracy, centro de análisis estadounidense, sostiene que el gobierno colombiano contribuyó a reducir la presión sobre Maduro. La investigación, titulada Laundering Maduro’s Legitimacy, examina cómo determinadas decisiones diplomáticas habrían facilitado su permanencia tras los comicios del 28 de julio de 2024.
El Consejo Nacional Electoral venezolano proclamó vencedor a Maduro con el 51,2 % de los votos, sin publicar las actas detalladas. Por su parte, la oposición presentó registros que otorgaban aproximadamente el 67 % a Edmundo González Urrutia y denunciaban irregularidades electorales.
Uno de los primeros cuestionamientos apunta a las aproximadamente 55 horas que Petro tardó en pronunciarse públicamente sobre los resultados. Mientras otros mandatarios exigían transparencia, el entonces presidente colombiano centró sus declaraciones en advertir sobre una posible escalada de violencia.
El segundo episodio ocurrió el 31 de julio, durante una votación de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Una resolución para exigir la publicación inmediata de las actas electorales obtuvo 17 respaldos, cuando necesitaba 18 para aprobarse.
Colombia y Brasil se abstuvieron, mientras México no participó en aquella votación, que terminó sin aprobar la exigencia diplomática. Para los investigadores, un voto favorable adicional habría permitido aumentar la presión regional sobre las autoridades venezolanas.
La tercera decisión cuestionada tiene que ver con los comunicados conjuntos emitidos por Colombia, Brasil y México durante agosto de 2024. Inicialmente exigían divulgar los resultados desglosados, pero posteriormente adoptaron un lenguaje centrado en la verificación imparcial y el diálogo político.
El centro considera que estas actuaciones "redujeron el costo internacional del fraude", aunque distingue sus efectos de una eventual coordinación deliberada.La investigación identifica tres posibles motivaciones detrás de la postura colombiana: afinidad ideológica, intereses energéticos y negociaciones de paz. Entre ellas aparecen los acercamientos entre Ecopetrol y la petrolera estatal venezolana PDVSA para explorar posibles acuerdos relacionados con el gas.
También destaca la dependencia diplomática de Venezuela como país garante de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según el análisis, confrontar abiertamente a Maduro podía comprometer contactos relacionados con una de las principales prioridades del gobierno colombiano.
Sin embargo, el señalamiento de complicidad diplomática no equivale a demostrar participación directa en un fraude electoral ni responsabilidad penal. Para establecer consecuencias judiciales sería necesario identificar conductas concretas constitutivas de delito, pruebas suficientes y una jurisdicción competente.
El informe tampoco constituye una acusación formal del gobierno estadounidense ni una resolución judicial contra el exmandatario colombiano.
Para enero de 2025, Colombia había decidido no reconocer los resultados electorales venezolanos, aunque conservó sus vínculos diplomáticos con Caracas. Esa distinción resulta relevante porque el cuestionamiento central no consiste en un reconocimiento formal de Maduro, sino en el efecto atribuido a decisiones anteriores.