Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia emitió el 18 de octubre de 2024 un pliego de cargos contra el presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial en 2022. Según la entidad, Petro y el gerente de su campaña, Ricardo Roa, omitieron la declaración de aportes recibidos por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) por un valor de $500 millones de pesos y no registraron el pago de $931.290.000 destinados a testigos electorales, entre otras infracciones.
Ante estas acusaciones, el presidente Petro respondió en sus redes sociales, calificando la medida como una violación de los principios del Estado Social de Derecho establecidos en la Constitución Política de Colombia. Petro afirmó que el pliego de cargos emitido por funcionarios del CNE representa una ruptura del Estado de derecho y del bloque de constitucionalidad, haciendo referencia a la Convención Americana de Derechos Humanos, que, según él, el Consejo de Estado debería haber protegido desde su época como alcalde de Bogotá.
En su declaración, el mandatario colombiano aseguró que estas acciones del CNE van en contra de la elección popular que lo llevó a la presidencia y afirmó que el pueblo colombiano tiene el derecho de actuar en defensa de la democracia frente a lo que describió como un "golpe de Estado". "El pueblo colombiano queda facultado legítimamente para actuar, como lo decida, contra el golpe de Estado", escribió en su cuenta de X (antes Twitter).
La situación genera un clima de tensión política en Colombia, con el presidente rechazando las acusaciones del CNE y llamando a la ciudadanía a defender su mandato. La controversia pone en foco las relaciones entre el ejecutivo y las entidades encargadas de supervisar y garantizar la transparencia electoral en el país.
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