Foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
Un teléfono puede convertirse en la primera puerta hacia un grupo armado para un niño que vive en una zona rural de Colombia. Videos con dinero, motocicletas y armas, mensajes privados o falsas ofertas laborales forman parte de estrategias que buscan atraer a menores vulnerables.
Fuera del entorno digital, Human Rights Watch también registró casos de captación en escuelas, torneos deportivos y espacios comunitarios. Desde 2021, al menos 1.500 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por organizaciones armadas ilegales, según datos analizados por la organización.
La magnitud resulta especialmente grave entre comunidades indígenas, que representan cerca del 4% de la población colombiana, pero concentran casi la mitad de las víctimas. Más de la mitad de los casos documentados se ubican en Cauca, departamento del suroeste donde confluyen presencia armada, pobreza y aislamiento geográfico.
Además, más del 30% de los menores reclutados tenía entre 10 y 14 años, una edad particularmente vulnerable frente a estas estrategias.
Redes sociales, escuelas y promesas de dinero
Durante 2025, el 44% de los menores incorporados habría sido captado mediante redes sociales, de acuerdo con cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz citadas por HRW. Cuentas en TikTok y Facebook muestran armas, uniformes, dinero y motocicletas, mientras algunas publicaciones presentan supuestos empleos o contactan directamente a adolescentes.
Un joven de 17 años relató que decidió incorporarse después de observar publicaciones de un amigo que exhibía dinero, motocicletas y una vida aparentemente lujosa. "Antes de unirme al grupo, vi a un amigo que ya estaba con ellos y publicaba muchas cosas de lujo, como dinero y motocicletas, y así fue como me convencí."
La captación también puede comenzar en escuelas, torneos deportivos o mediante otros menores reclutados, utilizados como intermediarios para convencer a compañeros de abandonar sus comunidades. Algunas niñas enfrentan además mecanismos de manipulación romántica, mediante relaciones sentimentales utilizadas para facilitar su incorporación a las estructuras armadas.
Entre las estrategias documentadas, Human Rights Watch identificó casos donde civiles podían recibir alrededor de 1.000 dólares por cada menor reclutado.
Desarraigo, violencia y una respuesta insuficiente
Una vez incorporados, algunos menores son trasladados a otras regiones para romper vínculos familiares, reducir posibilidades de fuga y aumentar su dependencia del grupo armado. Allí pueden recibir entrenamiento militar o ser utilizados como informantes, mensajeros, vigilantes, guardaespaldas, asistentes médicos y participantes en actividades relacionadas con el narcotráfico.
Otros testimonios recopilados describen adolescentes entrenados para operar drones, incluso dispositivos cargados con explosivos, presentados en ocasiones como una actividad similar a un juego. Las niñas enfrentan riesgos adicionales de violencia sexual, mientras el alejamiento de sus comunidades profundiza el desarraigo y dificulta cualquier proceso posterior de protección.
El problema también expone debilidades institucionales persistentes en la prevención y persecución penal del reclutamiento infantil. Human Rights Watch señala que aproximadamente el 1% de las denuncias registradas durante la última década derivó en una investigación penal y apenas 0,2% terminó en condena.
La organización considera desactualizada la política de prevención aprobada en 2018 y advierte sobre falta de presupuesto, capacidad local y apoyo suficiente para aplicarla. Para frenar esta dinámica, HRW plantea fortalecer la protección comunitaria, ampliar oportunidades educativas y mejorar la respuesta institucional en los municipios donde los menores enfrentan mayores riesgos.
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