Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: x @infopresidencia
La Corte Constitucional de Colombia suspendió provisionalmente el decreto 1390 de 2025, con el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica en todo el país. Esta decisión dejó sin sustento jurídico dos decretos legislativos expedidos bajo ese marco y frenó medidas tributarias destinadas a cubrir el déficit presupuestal. Con seis votos a favor y dos en contra, la Corte adoptó una medida cautelar mientras continúa el análisis de fondo sobre la constitucionalidad de la emergencia.
El decreto fue firmado por el Gobierno el 22 de diciembre de 2025 como respuesta a la caída de la Ley de Financiamiento en el Congreso. Bajo esta declaratoria, se autorizaron medidas fiscales excepcionales sin pasar por el procedimiento legislativo regular. A partir de ello, se emitieron los decretos 1474 de 2025 y 044 de 2026, cuyo contenido quedó "inejecutable" al suspenderse el acto normativo que les daba respaldo.
Uno de los decretos suspendidos permitía la creación de nuevos tributos con los que el Ejecutivo pretendía recaudar 16,3 billones de pesos. Según el texto firmado, estos ingresos serían destinados a cubrir gastos del Presupuesto General de la Nación. El magistrado Juan Carlos Cortés señaló en su análisis que dicha norma implementaba "medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al Estado de Emergencia declarado por el Decreto 1390 de 2025".
La ponencia fue presentada por el magistrado Carlos Camargo Assis y respaldada por Andrea Meneses Mosquera, Natalia Ángel Cabo, Miguel Polo Rosero, Juan Carlos Cortés y Lina Marcela Escobar. Los magistrados Héctor Carvajal y Vladimir Fernández salvaron su voto al oponerse a la medida. Es la primera vez que la Corte Constitucional de Colombia recurre a la figura de suspensión provisional sobre un decreto de emergencia económica.
El tribunal argumentó que continuar con los efectos del decreto podría consolidar medidas inconstitucionales de difícil reversión. Por ello, optó por suspenderlo mientras se define su validez legal. En su decisión, la Corte también estableció que revisará si el Gobierno justificó adecuadamente la emergencia, si las medidas fueron proporcionales y si existía un vínculo directo entre los hechos alegados y las decisiones adoptadas.
Desde el ámbito académico internacional, se resaltaron los efectos institucionales de esta decisión. El jurista Eloy García, profesor constitucionalista y ciudadano colombiano por adopción, expresó a SEMANA: "La emergencia es la excepción, y la excepción no puede sustituir nunca a la norma general". A su juicio, la medida protege el equilibrio de poderes dentro del modelo democrático.
El presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente tras conocerse la decisión del alto tribunal. En su cuenta oficial de la red social X escribió: "Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor". En otro mensaje añadió: "En el fondo, la sociedad colombiana decidirá quién pagó los efectos de la tasa de interés del Banco de la República y de la especulación de frack del país".