Bogotá,
Axel Olivares
Crédito foto: Josue Díaz (NotiPress/Composición)
Las autoridades colombianas refuerzan su lucha contra la conducción bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, considerada una infracción grave que pone en riesgo la seguridad vial. Según el artículo 152 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, quienes cometan esta falta se enfrentan a sanciones estrictas, tanto económicas como legales, diseñadas para prevenir accidentes fatales y proteger a los usuarios de las vías.
Entre las penalidades más destacadas se encuentra la imposición de multas que pueden alcanzar los 44.971.000 pesos si el conductor se niega a realizar la prueba de embriaguez. Además, la normativa establece la inmovilización obligatoria del vehículo y la suspensión temporal de la licencia de conducción, cuya duración dependerá de la gravedad de la infracción.
Los infractores están obligados a participar en cursos de sensibilización vial o cumplir horas de servicio social certificadas por entidades como Alcohólicos Anónimos. En caso de que el vehículo sea inmovilizado, se aplica una tabla específica para determinar el tiempo de retención y las sanciones correspondientes.
En situaciones más graves, como accidentes que ocasionen lesiones o muertes, las sanciones son drásticas. Además de enfrentar cargos según el Código Penal, los conductores tendrán su licencia suspendida por cinco años y estarán inhabilitados para realizar trámites relacionados con el documento hasta cumplir el período de sanción.
Para conductores de transporte público, escolar o instructores de conducción, las sanciones son más severas. Las multas y la suspensión de licencias se duplican, subrayando la importancia de la responsabilidad en sectores críticos. Estas medidas buscan no solo prevenir accidentes, sino también enviar un mensaje contundente sobre los riesgos y consecuencias de conducir bajo el efecto de sustancias que afectan las capacidades al volante.