Bogotá,
Martín Olivera
Crédito foto: Martin Olivera (Composición/NotiPress)
La emergencia en los territorios indígenas de Colombia entró en una fase más compleja, marcada por daños estructurales, dificultades de acceso y nuevas amenazas sobre el terreno. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) reportó afectaciones en 1.009 comunidades, donde viven 233.453 personas expuestas a una sacudida fuerte o muy fuerte.
El censo propio también confirmó 2.278 viviendas dañadas, mientras varias comunidades afrontan obstáculos para recibir materiales, asistencia médica y apoyo para reconstruir. A esta situación se suma la alerta sobre 429 comunidades expuestas a licuación de suelos, deslizamientos y remoción en masa.
Los riesgos pueden dañar caminos, viviendas e infraestructura comunitaria, mientras dificultan las comunicaciones y retrasan la llegada de ayuda a zonas apartadas. Las lluvias mantienen saturadas varias laderas, una condición que puede incrementar la inestabilidad del terreno en áreas ya golpeadas por el terremoto.
Rosalino Guarupe Joropa, consejero mayor de la organización, explicó que existen comunidades donde las vías todavía no han sido habilitadas después del terremoto. Durante recorridos por Valle del Cauca y Chocó, el dirigente encontró territorios a los que no fue posible ingresar por el estado de los accesos.
Algunas comunidades pueden conseguir alimentos, pero todavía enfrentan dificultades para albergar a familias cuyas viviendas quedaron completamente destruidas. La falta de conectividad terrestre también puede retrasar medicamentos, materiales de construcción y equipos necesarios para recuperar escuelas, centros de salud y viviendas.
ONIC
Ese aislamiento dificulta además completar los registros de daños, identificar necesidades urgentes y establecer prioridades entre comunidades con diferentes niveles de afectación. Un nuevo deslizamiento podría bloquear rutas de acceso o comprometer infraestructuras utilizadas para mantener comunicados territorios rurales dispersos.
La emergencia avanzó hacia una etapa de reconstrucción que incluye viviendas familiares, instituciones educativas indígenas y centros de salud afectados por el sismo. La organización busca reunir tejas, cemento, ladrillos, varillas, puertas y ventanas para atender inicialmente a 2.000 familias indígenas priorizadas.
Guarupe indicó que algunas comunidades ya pueden conseguir alimentos, pero siguen sin espacios adecuados para albergar a familias cuyas casas quedaron destruidas. Esa falta de techo aumenta la vulnerabilidad durante las lluvias y puede dificultar el regreso estable de las familias a sus territorios.
La Guardia Indígena y doce organizaciones regionales continúan elaborando un censo de daños mediante el Sistema de Monitoreo Territorial de la organización. El registro busca focalizar la atención humanitaria y ofrecer una lectura más precisa sobre viviendas, familias e infraestructura afectadas en cada comunidad.