Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
El Gobierno de Colombia volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de una nueva reforma tributaria o una ley de financiamiento luego de que la Corte Constitucional suspendiera el decreto que declaraba la emergencia económica. La decisión judicial alteró de manera inmediata el plan fiscal del Ejecutivo y dejó sin respaldo una parte clave de los ingresos previstos para el Presupuesto General de la Nación, lo que reactivó la discusión sobre cómo cubrir el faltante sin recurrir a un recorte generalizado del gasto.
Desde el segundo plano institucional, la suspensión del decreto significó la pérdida de un mecanismo excepcional que el Ejecutivo consideraba fundamental para asegurar recursos en el corto plazo. Con esa herramienta congelada, el Gobierno enfrenta un presupuesto aprobado, pero con ingresos incompletos para ejecutarlo en los términos originalmente planteados, lo que elevó la tensión fiscal y política.
De acuerdo con versiones conocidas por el medio La República, el Ejecutivo ya asume que deberá presentar ante el Congreso una ley de financiamiento o una reforma tributaria ordinaria para compensar el vacío que dejó la decisión de la Corte Constitucional. La estrategia apunta a insistir por la vía legislativa regular, luego de que el camino excepcional fuera bloqueado.
En este contexto, el Ministerio de Hacienda reconoce que el margen de maniobra se redujo de forma significativa. La normativa vigente obliga a realizar un ajuste automático del gasto si no se aprueba una ley que respalde los ingresos faltantes. En términos generales, el recorte potencial rondaría los 16 billones de pesos, una cifra que pondría bajo presión a distintos ministerios y programas considerados estratégicos por el Gobierno.
Para evitar ese escenario, el Ejecutivo comenzó a enviar señales claras al Congreso sobre su intención de insistir con una propuesta tributaria. Aunque se trata de una alternativa políticamente sensible, en el Gobierno la consideran preferible frente a un ajuste amplio del gasto público que afecte la ejecución del presupuesto.
En paralelo, el Ministerio de Hacienda mantiene abierta la posibilidad de acudir a un mayor endeudamiento. La emisión de deuda interna mediante Títulos de Tesorería aparece como una opción latente para cubrir necesidades de corto plazo, aunque desde el Ejecutivo reiteran que no es el camino deseado, ya que incrementa la presión sobre las finanzas públicas y compromete el objetivo de sanear las cuentas del Estado.
Antes de la suspensión del decreto, el Gobierno había estimado que las medidas asociadas a la emergencia permitirían un recaudo cercano a los 12 billones de pesos. Esos recursos estaban destinados a equilibrar las cuentas de 2025 e incluían ajustes a impuestos existentes, nuevos gravámenes al consumo de productos específicos y aportes del sector financiero y minero-energético.
De este modo, la decisión de la Corte no cerró el debate fiscal, sino que abrió una nueva etapa. El Gobierno busca ahora trasladar al Congreso una discusión que vuelve a girar en torno a mayores ingresos tributarios, la contención del gasto y el manejo del endeudamiento, en un escenario marcado por la urgencia presupuestaria.
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