Foto: Sergio Cara (NotiPress)
De acuerdo con el boletín de análisis económico ejecutivo del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), emitido el 24 de febrero de 2020, frente al panorama general de las instituciones y regulaciones, el factor de las regulaciones onerosas representa un obstáculo para las instituciones de impacto positivo; ya que genera demoras, incremento en los costos de transacción, elimina responsabilidades, penaliza empresas pequeñas, afecta a la mayoría de los ciudadanos, e incentiva la corrupción.
Ante este hecho, con base en la preocupación por el desarrollo económico y social, el CEESP se ha pronunciado a favor de generar un aparato de óptimas regulaciones, con consciencia de las problemáticas, para propiciar un buen comportamiento de las instituciones, con el objetivo de fortalecer la transparencia y beneficios sociales; asimismo, ha resaltado la importancia de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) para interceder en ello.
La CONAMER tiene como misión atender los requisitos de transparencia y beneficio social involucradas en las regulaciones. Entre sus preocupaciones centrales se encuentra la institucionalidad con respecto al capital y el gobierno, ya que se requiere una estabilidad interna para evitar la coerción y corrupción en el ejercicio de la democracia.
Hay una necesidad ante la apuesta por instituciones de impacto positivo, según expresa la CONAMER, debido a que los índices de corrupción y falta de transparencia en las instituciones mexicanas arrojan cifras desfavorables en el Reporte de Competitividad Global 2019, emitido por el World Economic Forum (Foro Económico Mundial), donde colocan a México en el lugar 116 en materia de transparencia, frente a un total de 141 países que figuran en el índice de la escala.
Para generar un frente de esfuerzo colaborativo y brindar soluciones, se realizaron dos eventos importantes con respecto a las regulaciones: en 1998, el CEESP lanzó la iniciativa de evaluación sobre la calidad del marco regulatorio en varios estados y sus principales municipios; en 2018, se aprobó la Ley General de Mejora Regulatoria, con el objetivo de coordinar los aspectos centrales de dicha regulación desde todos los órdenes de gobierno, además exhorta a las entidades subnacionales para comprometerse a la reforma.
Asimismo, con la aprobación de la Ley General de Mejora Regulatoria, el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria creó un indicador que permite medir los resultados de esta política en los gobiernos subnacionales: el Indicador Subnacional de Mejora Regulatoria; este enfoque tiene el objetivo de manejar cifras exactas en el avance nacional, ya que la implementación para conocer los resultados en estados y municipios requiere la mejor relación posible en materia subnacional.
Los primeros resultados indican que el promedio de implementación de la mejora regulatoria fue de 27%, a nivel municipal, y 43% a nivel estatal, durante 2018. Frente a estos datos, que contrastaron de manera retroactiva con un aproximado de 2017, cuyos índices fueron de 21% a nivel municipal, y 35% a nivel estatal, el indicador ha mostrado ser una herramienta efectiva.
Con el objetivo de solucionar la disyuntiva entre los impactos negativos y positivos de las instituciones, el CEESP pugna por fortalecer el papel de la CONAMER, e introducir un grupo de trabajo especializado para gestionar los criterios de análisis y formar una mejor propuesta regulatoria. Ya que, anteriormente, la CONAMER ha mostrado procesos irregulares, entre los que figuran la ausencia del análisis de impacto regulatorio (AIR) frente a los cambios de Certificados de Energía Limpia (CEL) y en el sector salud, a propósito de la escasez de medicamentos como consecuencia de los cambios en políticas sobre su producción y adquisición en la 4T.
DESCARGA LA NOTA SÍGUENOS EN GOOGLE NEWS
