Foto: Pedro Basilio (NotiPress)
Entre 2015 y 2021, 3.67 billones de pesos fueron empleados para la inversión pública, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Durante ese mismo periodo, se registró que el 76 por ciento de las inversiones públicas provino del gobierno federal.
La inversión pública es crucial para el desarrollo del país, pues permite financiar proyectos y programas que son necesarios para el desarrollo económico y social del país. Además, ayuda a estimular la economía al generar empleo y aumentar la demanda de bienes y servicios, así como reducir las desigualdades económicas y mejorar el bienestar de la población.
Todas las entidades, incluida la federación, obtienen sus recursos del gobierno federal, estatal y municipal. Estos recursos provienen de los impuestos, ingresos por venta de bienes y servicios, préstamos y donaciones.
En los estados, la inversión pública sigue dependiendo de la inversión federal, al representar el 76% de todas las inversiones en los estados. Asimismo, la inversión subnacional, como composición de la total, se mantiene por debajo de un tercio, informó IMCO.
Alrededor de 2.79 billones de pesos de inversión pública federal se destinaron a proyectos de hidrocarburos, siendo contrario a las recomendaciones internacionales. Desde el 2015, este sector ha recibido casi tres cuartas partes del gasto público total.
Sin embargo, el IMCO apuntó que los estímulos de capital contrastan con el desempeño financiero de Pemex. En el cuarto trimestre de 2022 presentó un patrimonio negativo de 4.01 billones de pesos y solo 2.17 billones en activos.
A nivel internacional, las proyecciones de oferta y demanda de energía coinciden en la necesidad de transitar hacia la inversión de energías renovales. De esa manera, se lograría tener una energía sostenible y las emisiones de gases de efecto invernadero estarían limitadas.
De acuerdo con el IMCO, es muy difícil medir los frutos de la inversión pública en México. Por un lado, explica el marco regulatorio, limita su definición a obra pública, cuando debería de incluir infraestructura, de manera más amplia como lo hacen otros países. Además, existen discrepancias y ambigüedad en la forma de medir la inversión pública a nivel federal y estatal, lo cual genera un problema de gobernanza y de gestión. En ese sentido, el centro de investigación concluyó que es difícil precisar si el uso de esos recursos realmente generan un crecimiento económico o no.
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