Foto: Pedro Basilio (NotiPress)
El dictamen que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, fue avalado este 25 de julio de 2019 en lo general, con 420 votos a favor, 10 en contra y 9 abstenciones, y en lo particular de igual forma fue aprobada con 291 votos a favor, 114 en contra y 5 abstenciones. En lo que respecta a los temas particulares del dictamen se presentaron más de 60 reservas, las cuales fueron discutidas a lo largo de más de tres horas y al final fueron ignoradas por la mayoría de la bancada de Morena.
Los hechos delictivos susceptibles a la extinción de dominio son los delitos como delincuencia organizada, delitos cometidos en materia de hidrocarburos (huachicoleo), secuestro, delitos contra la salud, trata de personas, corrupción, los perpetrados por servidores públicos, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y extorsión.
En sintonía con la nueva ley, aprobada por la Cámara de Diputados, el presidente de la República dispondrá de los recursos depositados en una "cuenta especial" que reunirá las cantidades obtenidas por la venta, usufructo, y monetización de los bienes que se traspasen a la potestad del Estado por su procedencia ilegal.
Con las modificaciones aprobadas, se aumentarán las facultades del Ejecutivo federal para determinar el destino final de los bienes sujetos a extinción de dominio, y el de los recursos monetarios obtenidos por su venta. Así el destino de los bienes será determinado de manera discrecional por el presidente de México en turno, e incluso podrán ser vendidos anticipadamente, aún sin la existencia de una determinación judicial en firme, lo que, a juicio de diputados de la oposición, pone en riesgo el patrimonio de terceras personas que no estén involucradas en la comisión de ningún delito.
Por este motivo, legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), entre los más destacados el diputado del PRI Enrique Ochoa, y el diputado panista, Luis Alberto Mendoza, presentaron reservas al dictamen con el fin de comprender beneficios para las que personas que "de buena fe" pudieran verse afectadas por este tipo de situaciones, sin embargo, la mayoría de Morena en el congreso rechazó efectuar cualquier cambio a la minuta.
Asimismo, la oposición insistió en modificar características de la ley como las que permitirán al presidente contar con una "caja chica" para ser usada de manera discrecional y sin reglas de operación ya que según la ley, los beneficios económicos obtenidos por el Estado al decomisar bienes y activos relacionados a hechos ilícitos serán destinados exclusivamente a programas sociales y políticas públicas consideradas prioritarias por el gobierno en turno.
Al respecto, Luis Alberto Mendoza (PAN), presentó una reserva y explicó que "lo único que queremos es que en el cuerpo de la ley se considere que los recursos que se dispongan con el proceso de extinción de dominio se incluyan en el presupuesto que desde aquí se aprueba y que el uso de los mismos sea sujeto a las reglas de operación" manifestó el diputado.
Si bien las nuevas normas aprobadas buscan golpear financieramente a la delincuencia y crimen organizado en particular, la ley causa muchas dudas por el manejo discrecional de recursos que se puede dar con la aprobación del nuevo dictamen. La ley, todavía puede ser impugnada vía amparo o a través de una acción de inconstitucionalidad, antes de ser promulgada por el presidente AMLO.
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