Juan Carlos Fonseca Mata (WikiCommons: CC BY-SA 4.0) (foto sin cambios)
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la población en situación de pobreza aumentó de 41.9% a 43.9% entre 2018 y 2020. Mientras la pobreza extrema registró un repunte de 7.0% a 8.5% durante el mismo periodo, y representa un incremento de 2.1 millones de personas en esta situación desde el cambio de presidencia. Especialistas del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) informaron para NotiPress, México requiere un mejor desempeño de políticas públicas para romper el ciclo de preservación de la pobreza entre las familias, en especial ante crisis sanitaria.
Un evento disruptivo como la pandemia por Covid-19 es un factor de peso al considerar las crisis económicas y sociales, en tanto provocó el choque mundial de cadenas, industrias y sectores. Sin embargo, "la política pública y el presupuesto pueden y deben adecuarse ante ese choque, a fin de mitigar los efectos nocivos sobre la población", comentó el CEESP. En cuanto al país, el desempeño de las políticas públicas reflejó una falta de planeación, y prioridades equivocadas por parte del gobierno; con fuertes antecedentes desde antes de la pandemia.
Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), la efectividad de la política social del gobierno actual es cuestionable, y presenta más un retroceso que apoyo. En materia de salud, tema clave en la pandemia, el gasto de los hogares aumentó 40.5%, mientras otros sectores presentaron reducciones. Asimismo el número de habitantes sin acceso a servicios de salud incrementó 15.6 millones, quienes contaban con dicho acceso antes de 2018. La asignación correcta del gasto público es clave para mejorar la distribución del ingreso en los diferentes deciles de la población. En ese sentido los recursos canalizados por dichas políticas deben llegar a programas con rentabilidad social probada, con un impacto real en el bienestar de las familias, indicó el sector privado.
Por su parte, la ausencia de apoyo para la liquidez de las pequeñas y medianas empresas (pymes) e inseguridad en el país empeoraron el panorama laboral, con más precariedad laboral y un menor ingreso para los hogares. El ingreso corriente total reportó una disminución real de 5.8%; mientras el ingreso por trabajo bajó 10.7%, indicó el CEESP. Ante las dificultades por la situación laboral y de pobreza, es importante que las políticas sociales reviertan sus afectaciones para el beneficio de los hogares y la economía. Entre otros efectos negativos de la pobreza y el desempleo resaltan el rezago educativo, cuyo aumento aproximado fue de 900 mil personas desde 2018. "Se puede concluir que la efectividad de la política social se ha reducido, y representado más un golpe que un beneficio a los hogares de menores ingresos", agregó.
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