Ciudad de México,
Patricia Manero
Crédito foto: Sergio F Cara (NotiPress)
La empresa Visa suspendió las transacciones internacionales de las tarjetas emitidas por CIBanco luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a esta institución mexicana de facilitar operaciones de lavado de dinero. La decisión, aplicada a partir del domingo 30 de junio, afectó especialmente a los usuarios del producto CICash Multicurrency.
El Departamento del Tesoro señaló a CIBanco, junto a Intercam y Vector, como instituciones vinculadas a redes financieras utilizadas por grupos criminales. Pese a la gravedad de la denuncia, la primera reacción del gobierno mexicano fue matizar el impacto. En palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, se solicitó más información a Estados Unidos antes de emitir una postura firme.
No obstante, días después, y tras la desconexión unilateral de Visa, se intensificó la necesidad de alinear posturas. En ese contexto, autoridades financieras mexicanas iniciaron una intervención administrativa en CIBanco. La propia entidad comunicó a sus clientes que "sus recursos están a buen resguardo y podrán ser reembolsados" en moneda extranjera o nacional según disponibilidad y método elegido.
Por su parte, CIBanco aclaró que la suspensión fue comunicada por Visa de forma repentina el domingo 29 de junio de 2025 por la noche y ratificada al día siguiente. Afirmó que "se trató de una decisión ajena a CIBanco" que "incumple el periodo señalado de 21 días en el citado comunicado del Departamento del Tesoro".
En paralelo, la operación de CIBanco continúa con normalidad dentro del país. Las tarjetas pueden ser utilizadas en territorio nacional y las obligaciones de pago deben mantenerse vigentes. La institución también conserva su conexión con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México.
Dicho patrón de respuesta institucional —desde la solicitud de información inicial hasta el llamado a una cooperación estructural— ha tenido precedentes. Casos anteriores de sanciones por parte de agencias estadounidenses han derivado en procesos judiciales, órdenes de captura o extradiciones, luego de fases iniciales marcadas por negación o reservas discursivas.