Foto: Josue Díaz (NotiPress/Composición)
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) presentará en octubre una iniciativa de ley interna para impedir la reincorporación de personal sancionado por violencia. Durante una mesa de diálogo con representantes del Enjambre Estudiantil Unificado (EEU), la rectora Patricia Zarza Delgado anunció cómo esta propuesta, conocida como "ley candado", contempla un registro en el área de Recursos Humanos con antecedentes disciplinarios.
Así, la medida toma como referencia el modelo implementado por la Universidad Autónoma de Coahuila, institución que publica las resoluciones de sanción por violencia de género en sus plataformas oficiales. Según el planteamiento de la UAEMéx, el objetivo del registro es fortalecer los filtros internos para evitar que personas con antecedentes por agresión regresen a desempeñar funciones académicas o administrativas.
Esta propuesta responde a demandas reiteradas de sectores estudiantiles que han denunciado la reincorporación de agresores sancionados y la lentitud en los procesos de atención institucional. Durante la misma reunión, realizada el 3 de agosto en la Casa de las Diligencias, el EEU expresó que los protocolos existentes son revictimizantes y no cuentan con medidas preventivas eficaces.
Además, en el ámbito nacional, la violencia al interior de instituciones de educación superior ha sido documentada en diversos informes académicos. La Ley General de Educación Superior, vigente desde 2021, establece obligaciones específicas para prevenir actos de violencia, proteger a las víctimas y garantizar mecanismos de sanción eficaces. No obstante, distintas investigaciones han señalado deficiencias en la aplicación de protocolos, así como falta de seguimiento a las resoluciones emitidas.
También, la UAEMéx indicó que el registro interno formará parte de una política institucional la cual reforzará la revisión de antecedentes durante procesos de contratación o continuidad laboral. La medida incluirá a personas sancionadas mediante procedimientos legales o administrativos que hayan culminado con resolución firme.
Aparte del anuncio de la ley, la administración universitaria presentó un ajuste al calendario del semestre 2025-B. Los espacios en paro podrían retomar actividades el 18 de agosto, mientras que aquellos sin suspensión iniciarían el 5 del mismo mes. Las evaluaciones ordinarias están previstas entre el 6 de octubre y el 19 de diciembre, con exámenes extraordinarios programados para enero.
Durante la sesión, se discutieron también situaciones en planteles como la Preparatoria 1, donde se reportaron deficiencias estructurales y presuntos casos de acoso. La rectora señaló su disposición a asistir personalmente para atender las demandas. Reiteró su compromiso de no sancionar a ninguna persona participante en protestas y que los procesos de destitución deberán resolverse conforme a la normatividad interna.
Finalmente, la propuesta de ley candado se integrará a las medidas institucionales destinadas a prevenir conductas violentas, y complementará los protocolos vigentes mediante un mecanismo administrativo que documente formalmente los antecedentes de sanción en el personal académico y administrativo.
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