Foto: FGJEM
Entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2025, autoridades estatales y federales realizaron una serie de operativos contra la extracción ilegal de agua en el Estado de México. Como resultado, fueron asegurados al menos 11 pozos y 25 tomas clandestinas, según datos proporcionados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). Las autoridades indicaron que estas acciones buscan frenar el impacto económico y ambiental de esta actividad ilícita.
Las acciones se realizaron a partir de denuncias anónimas y datos recabados por la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Legislatura mexiquense. Entre los principales operativos destaca el realizado en Texcoco, donde se aseguraron tres pozos. En Chicoloapan, las autoridades incautaron el "Pozo Los Pinos", localizado en la colonia 2 de Marzo, estas intervenciones se realizaron con apoyo de corporaciones federales y estatales.
En abril, durante un cateo en Ocoyoacac, la FGJEM, junto con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México y otras dependencias estatales, intervinieron siete domicilios. Ahí localizaron 18 tomas clandestinas en funcionamiento que abastecían ilegalmente a distintas zonas. Estas operaciones permitieron identificar la infraestructura utilizada por los responsables.
Durante otro operativo en Jocotitlán, las autoridades estatales aseguraron un pozo abandonado y tres tomas ilícitas con el objetivo de frenar el huachicoleo de agua. Estos cateos derivaron también de denuncias ciudadanas, confirmó la Fiscalía estatal. La dependencia resaltó que la colaboración ciudadana ha sido clave para detectar puntos de extracción ilegal.
La FGJEM indicó que estos operativos tienen como objetivo debilitar las estructuras financieras de los grupos delictivos dedicados a la extracción y venta ilegal de agua, conocidos como "huachicoleros de agua". La dependencia explicó que la extracción clandestina de agua representa una fuente importante de ingresos para estos grupos. Además, afecta el abastecimiento legal del recurso hídrico y genera pérdidas económicas.
Con estos resultados, el Estado de México refuerza su estrategia contra delitos que afectan el suministro de agua potable. Las acciones buscan proteger a las comunidades y reducir las pérdidas económicas en el sector público. Las autoridades confirmaron que los operativos continuarán en distintas regiones de la entidad.
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