Congreso del Estado de México aprueba sanciones penales por violencia vicaria

 12-06-2025
Brenda Rodríguez
   
Portada | Estado de México
Foto: Congreso Edomex

Foto: Congreso Edomex

El Congreso del Estado de México aprobó en comisiones una reforma legal para tipificar la violencia vicaria como una modalidad del delito de violencia familiar, imponiendo penas de hasta 10 años y ocho meses de prisión, además de la pérdida de la patria potestad y sanciones económicas. La medida busca sancionar conductas que utilicen a hijas o hijos como instrumentos de agresión hacia uno de los progenitores.

Durante la sesión, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia avaló el dictamen unificando cinco iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios de Morena, PVEM, PAN y PRD. Las reformas contemplan modificaciones al Código Penal, al Código Civil y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México.

Tal dictamen establece que se comete violencia vicaria cuando se amenaza, manipula o alecciona a hijas o hijos con el fin de generar rechazo o temor en contra de la víctima. También se contempla cuando se oculta o retiene a los menores, se les utiliza para obtener información, o se promueve ejerzan violencia contra el otro progenitor.

A su intervención, la diputada Emma Álvarez informó que en 2023 la Fiscalía del Estado de México recibió más de 300 denuncias por violencia vicaria. Advirtió, existe una cifra negra "del doble", debido a que el delito no estaba tipificado. La legisladora Mercedes Colín Guadarrama destacó, 26 entidades federativas ya han legislado en este ámbito.

Dictamen también sanciona a quienes interpongan acciones legales con hechos falsos para obtener la guarda, custodia o patria potestad, y a quienes oculten su patrimonio o condicionen obligaciones alimentarias para ejercer control o castigo.

Las penas aplican de manera independiente a otras conductas delictivas y se agravan si la víctima indirecta es menor de edad, adulta mayor, persona con discapacidad o en situación vulnerable.

El documento incluye sanciones para servidores públicos que retarden u obstaculicen la investigación del delito, con penas de tres a ocho años de prisión, multa y destitución del cargo.




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