Foto: X @Legismex
El Congreso del Estado de México ha recibido una propuesta legislativa para enfrentar el uso indebido de los llamados "Deep Fakes", que son videos, imágenes o audios manipulados mediante inteligencia artificial para parecer auténticos. La iniciativa, impulsada por la diputada Rocío Alexia Dávila Sánchez y el diputado Pablo Fernández de Cevallos González, ambos del PAN, busca establecer sanciones de hasta 15 años de prisión para quienes generen y utilicen este tipo de contenido falso con el fin de afectar la integridad y dignidad de una persona.
La reforma propuesta al Código Penal estatal busca tipificar como delito la creación y difusión de contenido digital manipulado que simule situaciones nunca ocurridas, con el potencial de perjudicar a personas mediante la creación de noticias falsas o contenidos engañosos. La iniciativa considera estos actos comparables al delito de fraude, subrayando el riesgo de que, a través de estos medios, se manipulen las percepciones del público en redes sociales y medios de comunicación.
Entre las prácticas descritas en la propuesta se incluyen la manipulación digital de imágenes, videos, audios y documentos, así como la clonación de voces mediante inteligencia artificial. La diputada Dávila Sánchez advirtió que, con solo unos segundos de una grabación de voz, los delincuentes pueden producir audios falsos difíciles de distinguir de la voz real de una persona, lo cual puede ser empleado con fines fraudulentos o malintencionados.
Dávila Sánchez también señaló la importancia de que las leyes evolucionen al ritmo de la tecnología, asegurando que la responsabilidad de prevenir la difusión de información falsa no debe recaer exclusivamente en los internautas. Propone, en cambio, que el Estado implemente sanciones contundentes para disuadir la creación y difusión de estos contenidos falsificados y minimizar su impacto en la sociedad.
Esta iniciativa llega en un contexto de creciente preocupación sobre el uso de inteligencia artificial para manipulación digital y su impacto en la vida pública, mientras los legisladores buscan proteger la integridad de las personas frente a estos riesgos tecnológicos avanzados.
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