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Gobierno del Estado de México presentó ante el Congreso local la iniciativa de reforma constitucional para digitalizar todos los trámites públicos, eliminar duplicidades institucionales y transferir funciones regulatorias a nueva autoridad. De aprobarse, la Agencia Digital del Estado de México asumirá, a partir de 2026, la responsabilidad de simplificar la gestión administrativa en la entidad y coordinar su modernización tecnológica.
La propuesta modifica el artículo 139 Bis de la Constitución estatal con el fin de establecer como mandato que todos los trámites y servicios públicos sean "simples, digitales, interoperables y libres de duplicidades", según el documento firmado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Además, contempla la desaparición de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, cuya estructura, personal y recursos serán absorbidos por la Agencia Digital.
Esta medida se enmarca en reforma constitucional federal publicada el 14 de abril de 2025 y en Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, promulgada el 16 de julio del mismo año. Dicha normativa obliga a todas las entidades federativas a armonizar sus procesos administrativos con el modelo nacional de simplificación, que incluye el portal ciudadano único y la Llave MX como sistema estándar de autenticación digital.
Conforme a esta ley, el Estado de México deberá derogar su Ley de Mejora Regulatoria antes del 12 de enero de 2026, fecha en que también dejará de operar la comisión estatal. La Agencia Digital se convertirá así en la instancia encargada de asegurar que los trámites estatales y municipales se ajusten a los estándares nacionales.
El documento presentado enfatiza que esta reforma responde a una necesidad democrática de garantizar la transparencia gubernamental y la vigilancia del gasto público. Según el Ejecutivo, los trámites presenciales y la sobre regulación generan espacios propensos a la corrupción y dificultan el acceso equitativo a servicios, especialmente en municipios con limitaciones de conectividad.
Entre los objetivos señalados se encuentran la interoperabilidad entre dependencias, la reducción de tiempos de respuesta, la eliminación de requisitos innecesarios y la garantía de certeza jurídica para ciudadanos y empresas. Asimismo, se propone que el uso de tecnologías de información se convierta en un eje central de operación gubernamental bajo los principios de apertura y eficiencia.
La propuesta fue turnada a comisiones legislativas para su análisis. En caso de ser aprobada, implicaría una reconfiguración profunda de la administración pública estatal en materia de gestión de trámites, la más significativa en más de veinte años.
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