Foto: Sergio F Cara (NotiPress)
A partir del 25 de noviembre entrarán en vigor reformas al Reglamento de Tránsito del Estado de México mediante las cuales se establece una nueva jerarquía de movilidad que otorga prioridad legal a peatones, ciclistas y personas usuarias de vehículos no motorizados sobre conductores particulares. Las disposiciones fueron aprobadas con fundamento en el artículo 122 del propio reglamento y forman parte del marco normativo actualizado para garantizar movilidad segura en la entidad.
En primer término, la jerarquía reconoce a las personas peatones, con atención especial a quienes integran grupos vulnerables. Posteriormente se ubican ciclistas, usuarios del transporte público, transportistas de bienes y mercancías, y por último, conductores de vehículos particulares motorizados. El reglamento señala que esta priorización implica generar reglas claras para favorecer el tránsito seguro en zonas urbanas y suburbanas mexiquenses.
Además de modificar el orden de preferencia vial, las reformas introducen un nuevo esquema de sanciones aplicables a infractores. En lugar de multas fijas, se establecen rangos diferenciados: mínimo, medio y máximo. La sanción mínima se impondrá si no existen antecedentes de infracción pendientes de pago. La media corresponderá a personas con dos o tres sanciones previas, mientras que la máxima se aplicará a quienes acumulen cuatro o más faltas sin saldar.
Los montos no representan aumentos respecto a los límites actuales. La sanción por no ceder el paso a peatones en zonas marcadas oscilará entre 8 y 10 UMAs; por obstruir rampas o cruces peatonales entre 3 y 5 UMAs; y entre 16 y 20 UMAs si se invade ciclovías, banquetas, camellones o carriles confinados destinados al transporte público.
El documento legal también contempla la incorporación de medios tecnológicos para detectar infracciones. Estos dispositivos, como cámaras de videovigilancia o sistemas de reconocimiento de placas, podrán aplicarse en carriles exclusivos y ciclovías. Las autoridades deberán informar públicamente la ubicación de los equipos y garantizar el respeto al derecho de audiencia de las personas infractoras.
Otro aspecto abordado en las reformas es la proporcionalidad en la aplicación de multas. El nuevo esquema responde a criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al artículo 22 constitucional, que prohíbe sanciones desproporcionadas. Según lo publicado, esta clasificación busca incentivar el cumplimiento voluntario mediante el pronto pago y la regularización vial.
Respecto a motociclistas, se establece la obligación de utilizar cascos certificados conforme a normas nacionales o internacionales, así como la prohibición de maniobras que pongan en riesgo la integridad de personas usuarias de la vía. El incumplimiento podrá ser sancionado con multas y, en algunos casos, con la retención del vehículo.
Según los transitorios del acuerdo publicado en Gaceta del Gobierno, la Secretaría de Seguridad estatal deberá publicar los puntos de vigilancia tecnológica. Además, deberá desarrollar una base de datos para el seguimiento de infracciones, interoperable con los ayuntamientos que participen en la gestión del tránsito.
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