Foto: Gustavo Torres (NotiPress)
Hasta 55 años de prisión podrían imponerse en el Estado de México a responsables de crímenes de odio relacionados con orientación sexual, identidad o expresión de género. La propuesta fue presentada en el Congreso local por la diputada de Morena, Luisa Esmeralda Navarro Hernández, y responde a demandas históricas de colectivos de la diversidad sexual.
El planteamiento busca adicionar un capítulo al Código Penal estatal con penas de 22 a 50 años de cárcel para homicidios motivados por identidad o expresión de género. Se incluyen agravantes que amplían las condenas hasta 55 años cuando exista vínculo de matrimonio, concubinato, parentesco, relación laboral, docente o cualquier situación de subordinación o superioridad.
Navarro Hernández señaló que el objetivo es garantizar mayor protección a las poblaciones LGBTTTIQNB+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales, intersexuales, queer, no binario y más). En palabras de la legisladora, las actitudes discriminatorias "significan todavía un caldo de cultivo para el odio y la violencia".
La propuesta incorpora además una modificación al delito de feminicidio, de manera que incluya a quienes hayan realizado un proceso de reconocimiento de identidad de género mediante resolución judicial o administrativa y cuenten con un acta de nacimiento en la cual se registren como mujeres, conforme al Código Civil mexiquense.
Además, el documento detalla circunstancias que permitirían considerar un crimen de odio: existencia de signos de violencia sexual, lesiones degradantes o mutilaciones infligidas antes o después del homicidio, actos de tortura, abandono del cuerpo en espacios públicos o antecedentes de amenazas y acoso vinculados con orientación o identidad. También se establece cuando la víctima se encontraba en estado de indefensión o si el agresor manifiesta expresiones de rechazo u odio hacia la diversidad.
En el ámbito nacional, los crímenes de odio persisten pese a avances legales. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT, entre 2014 y 2025 se registraron al menos 739 asesinatos y desapariciones vinculados con diversidad sexual y de género en México. Solo entre 2019 y 2024 se documentaron 672 delitos de esta índole, lo que coloca al país como el segundo con mayor incidencia, según cifras difundidas por la Gaceta UNAM.
Igualmente, la misma fuente reporta que las mujeres trans son el grupo más afectado. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que, en la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021, el 18.8 por ciento de mujeres trans declaró haber sido excluido del empleo, frente al 4.3 por ciento de mujeres cisgénero. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de Ciudad de México ha advertido también limitaciones en educación, salud y trabajo para esta población.
Así, el contexto descrito evidencia la brecha entre los marcos normativos y la realidad social. En ese escenario, el Congreso mexiquense deberá analizar en comisiones si aprueba la iniciativa que plantea sanciones sin precedentes y un reconocimiento jurídico ampliado en casos de transfeminicidio.
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