Foto: Sergio F Cara (NotiPress/Composición)
Una investigación del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México reveló que 106 de los 125 municipios mexiquenses no cuentan con los mecanismos necesarios para que la población pueda presentar denuncias por faltas administrativas y hechos de corrupción, a pesar de que la ley lo establece como una obligación.
El integrante del CPC, Óscar Bazán Alatorre, explicó que el análisis forma parte de los esfuerzos por consolidar el sistema electrónico de denuncias públicas, como canal único de recepción, registro e interoperación dentro del Sistema Anticorrupción estatal. "Se deben generar instrumentos que incentiven la denuncia y brinden protección al denunciante y testigos, incluso de manera anónima", indicó. Ante esta situación, el comité propuso emitir una recomendación formal a los municipios que no cumplen con esta disposición legal.
Durante la revisión de los sitios web oficiales de los 125 ayuntamientos del Estado de México, el CPC identificó graves omisiones. Cuatro municipios no cuentan con sitio web, seis tienen portales inactivos, y 96 no ofrecen información suficiente sobre mecanismos de denuncia. Solo 19 ayuntamientos muestran enlaces funcionales para presentar quejas o reportes por corrupción.
Respecto a los canales de denuncia disponibles, el estudio reveló que solo 15 municipios permiten hacer denuncias en línea, 12 ofrecen la opción de hacerlo de forma presencial, y cinco habilitan formularios directamente en su sitio web. En ninguno se encontró habilitada la opción por vía telefónica, y en solo 10 municipios es posible denunciar mediante correo electrónico.
Bazán Alatorre detalló que en 79 páginas municipales se incluye un directorio de servidores públicos y en 73 sitios se muestra un número telefónico, aunque muchos de estos números no funcionan, no son atendidos o presentan largos tiempos de respuesta.
Ante estas deficiencias, el CPC acordó notificar al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción para que exija a los municipios rezagados cumplir con lo estipulado por la legislación vigente, garantizando el derecho ciudadano a denunciar y recibir atención adecuada.
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