Foto: PJEM
Personas indígenas y afrodescendientes privadas de la libertad por fallas procesales como ausencia de intérpretes, defensa inadecuada o falta de comprensión cultural podrían recibir el beneficio de la amnistía. Esto ocurre luego de que el Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) aprobara la creación de comités especializados para revisar sus casos.
La decisión fue tomada por el Observatorio de Justicia de los Pueblos Originarios y Comunidades Afrodescendientes, que forma parte del PJEdomex. Durante su sesión de trabajo, el organismo avaló la formación de dos órganos orientados a identificar posibles violaciones a derechos humanos y canalizar solicitudes de amnistía.
Uno de los comités se encargará de recibir casos concretos, realizar análisis jurídicos y elaborar un padrón de personas privadas de la libertad cuya situación legal requiera una revisión a fondo. "Para transformar un poder judicial no basta acciones aisladas, no basta la legitimidad a través del voto popular de personas juzgadoras. Tenemos que ir más, más a fondo", afirmó el magistrado presidente Fernando Díaz Juárez.
El segundo comité será una Comisión de Capacitación, dedicada a fortalecer la perspectiva intercultural en todas las etapas del sistema judicial, con énfasis en mujeres indígenas en reclusión. Díaz Juárez sostuvo que la intención es ofrecer "soluciones reales, con enfoque intercultural, de género e interseccional".
Durante la sesión, se convocó a representantes del Poder Legislativo, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad a colaborar en esta iniciativa para establecer una respuesta institucional coordinada.
Hilda Salazar Gil, secretaria de la Contraloría estatal, afirmó que la amnistía no representa indulgencia, "sino de una obligación del Estado de corregir desigualdades históricas en el acceso a la justicia". Indicó que esas desigualdades derivan frecuentemente de la carencia de intérpretes, defensas deficientes y desconocimiento de los contextos culturales en los procesos penales.
Datos del sistema penitenciario nacional respaldan esta situación. Según la CNDH, hasta agosto de 2022 había 7,671 personas indígenas y afrodescendientes privadas de la libertad en centros de reinserción social del país. De ellas, 255 eran mujeres y 7,416 hombres. Los pueblos indígenas con mayor número de personas en reclusión incluyen náhuatl (1,595), zapoteco (614), rarámuri (493), tzeltal (464) y maya (442).
Así, el diagnóstico de la CNDH subraya que esta población enfrenta condiciones de doble vulnerabilidad: por su situación de reclusión y por su pertenencia a comunidades indígenas o afrodescendientes. Entre los principales obstáculos identificados están la discriminación dentro de los centros penitenciarios, la escasa visita familiar por lejanía geográfica, la falta de intérpretes y la ausencia de defensores que hablen su lengua y comprendan su cultura.
Igualmente, la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigente desde 2016, reconoce el derecho a una educación bilingüe, salud, trabajo y condiciones de estancia digna, pero la CNDH ha documentado que su cumplimiento no es uniforme en todo el país. Además, la reforma constitucional de 2011 obliga a todas las autoridades del Estado mexicano a garantizar los derechos humanos, aplicar el principio pro persona y reparar las violaciones cometidas.
Finalmente, la información recabada por la CNDH y la Comisión de Prevención y Readaptación Social refuerza el argumento de que existen condiciones estructurales que deben revisarse caso por caso, como lo hará el comité aprobado por el PJEdomex.
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