Foto: Gobierno Estado de México
El gobierno mexiquense suscribió dos convenios de colaboración en materia de prevención de riesgos sanitarios con la Asociación de Empresarios e Industriales del Estado de México y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en la entidad. Los acuerdos incorporan la estrategia "Cero Multas", orientada a corregir irregularidades sin riesgo sanitario antes de aplicar sanciones.
Durante los actos protocolarios, autoridades estatales detallaron que los instrumentos establecen mecanismos de autoevaluación, asesoría técnica y difusión del marco normativo vigente. El esquema prioriza la regularización de unidades económicas cuando las faltas detectadas no representen peligro para la salud o la vida.
Macarena Montoya Olvera, secretaria de Salud estatal, indicó que a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEMEX) se implementará coordinación directa con el sector productivo. Según explicó, el modelo tiene como novedad la promoción de capacitación y regularización antes que medidas punitivas.
Gerardo Valdés Martínez, titular de la COPRISEMEX, afirmó que la firma consolida corresponsabilidad entre autoridades y sector empresarial. Señaló que el objetivo consiste en adoptar prácticas adecuadas de higiene y detectar irregularidades de manera oportuna con el fin de garantizar entornos seguros dirigidos a trabajadores y consumidores.
Por su parte, los presidentes de ADEIEM y CANACO-SERVYTUR Estado de México, Teodoro Martínez Castillo y Fernando Reyes Muñoz, ratificaron disposición institucional para mantener acciones coordinadas en prevención sanitaria. Ambos organismos empresariales tienen previsto participar en la difusión de lineamientos y en la promoción de cumplimiento normativo entre sus afiliados.
Mediante estos convenios, la administración estatal de la gobernadora Delfina Gómez se orienta fortalecer vigilancia sanitaria sin recurrir de manera inmediata a multas cuando las inconsistencias no impliquen riesgo. El esquema plantea acompañamiento técnico previo a cualquier sanción administrativa, en un contexto donde el cumplimiento regulatorio impacta directamente en la operación de comercios, servicios e industrias en la entidad.
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