
Foto: Patricia Manero (NotiPress/Composición)
La Operación Liberación, implementada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, permitió una reducción del 48 por ciento en las denuncias por extorsión en la entidad, de acuerdo con información oficial presentada este 12 de mayo de 2026. El despliegue forma parte de la estrategia nacional para combatir este delito y tiene como propósito desmantelar redes criminales, detener a objetivos prioritarios y asegurar bienes vinculados con actividades ilícitas.
Luego de varios meses de investigación, la fiscalía identificó la participación de grupos delictivos y organizaciones denominadas "sindicatos" que presuntamente imponían la venta de productos y materiales a precios elevados mediante amenazas y coerción.
El 21 de julio de 2025 se ejecutó la Operación Liberación en 14 municipios del norte y sur del Estado de México. Como resultado, fueron asegurados 63 establecimientos comerciales donde se vendían productos con sobreprecios de hasta 300 por ciento, recursos que, según la autoridad, beneficiaban a estructuras criminales o grupos sindicales.
Entre las personas detenidas se encuentra Yareli "N", entonces tercera regidora del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal, investigada por su presunta participación en delitos de extorsión y secuestro exprés. También fueron detenidos Gonzalo "N", identificado como líder de un sindicato dedicado al suministro y distribución de materiales de construcción en Valle de Bravo, y Eli "N", propietario de un negocio de venta de materiales en ese municipio.
La fiscalía informó que solicitó a la autoridad judicial la disposición anticipada de materiales de construcción, alimentos perecederos, semovientes y otros productos asegurados. Estos bienes fueron entregados a la población bajo un esquema de justicia social.
Las acciones derivan de los acuerdos establecidos en la Mesa de Paz del Gobierno del Estado de México, en coordinación con la Estrategia Nacional Contra la Extorsión puesta en marcha en julio de 2025, que contempla medidas para prevenir, atender y sancionar este delito mediante la creación de unidades antiextorsión locales.
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