Ciudad de México ,
Carlos Ortíz
Crédito foto: Sergio F Cara (NotiPress)
El Poder Judicial del Estado de México aplicará un programa de austeridad en 2026 que reducirá el gasto en gasolina, papelería y telefonía, con el objetivo de generar ahorros superiores a 48 millones de pesos. Los recursos serán redirigidos para fortalecer la operación de los tribunales, reducir rezagos y mejorar la eficiencia en la impartición de justicia.
De acuerdo con lo publicado en la Gaceta de Gobierno, las medidas serán obligatorias para todas las áreas administrativas y jurisdiccionales. El plan establece criterios de control en el uso de insumos y servicios, con el fin de optimizar el gasto público sin afectar la función judicial.
Entre las acciones principales destaca el control del consumo de combustible institucional. Cada área tendrá una asignación mensual basada en su uso real, mientras que las solicitudes adicionales serán excepcionales y deberán justificarse. El esquema también prohíbe la acumulación de excedentes, lo que introduce un sistema de disciplina en el manejo de recursos.
El ajuste en papelería contempla la reutilización de materiales disponibles, la devolución de insumos excedentes y la reducción en el volumen de impresión. Estas medidas se complementan con el uso de herramientas digitales para disminuir la dependencia de documentos físicos y agilizar procesos administrativos.
Respecto al gasto en telecomunicaciones, el programa incluye la cancelación de líneas celulares institucionales que no sean indispensables. También se prevé la revisión del consumo de internet móvil y la unificación de servicios, con el objetivo de evitar contrataciones fragmentadas que incrementen los costos operativos.
En materia de infraestructura, el Poder Judicial implementará acciones de eficiencia energética en sus instalaciones. Entre ellas se encuentra la evaluación del uso de paneles solares, así como ajustes en los sistemas de iluminación para reducir el consumo eléctrico. Asimismo, se desarrollarán campañas internas orientadas al uso responsable del agua.
El plan incorpora una revisión de la infraestructura tecnológica, en particular del almacenamiento de datos. La medida busca optimizar la capacidad existente y evitar la adquisición de nuevos equipos, lo que permitirá reducir costos asociados al mantenimiento y operación.
También se contempla el mantenimiento preventivo del mobiliario institucional como estrategia para extender su vida útil. Con ello se busca evitar nuevas compras y contener el gasto corriente en distintas áreas del Poder Judicial.
Las acciones forman parte de las Políticas de Racionalidad y Austeridad aprobadas por el Órgano de Administración Judicial. Este marco establece lineamientos para mejorar el uso de recursos públicos sin afectar la capacidad de respuesta de los tribunales.
La supervisión del cumplimiento estará a cargo de la Contraloría Interna, que realizará evaluaciones trimestrales. Los reportes incluirán los ahorros generados y su impacto en la operación institucional.