¿Por qué la justicia digital aún no llega al Estado de México?

El Poder Judicial del Estado de México enfrenta un escenario de rezago tecnológico que afecta su eficiencia y percepción pública, a pesar de las propuestas recientes para digitalizar sus procesos. Así lo reconoció el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Héctor Macedo García, al presentar el plan para modernizar el sistema judicial durante el Foro Estatal para elaborar el Plan de Desarrollo del Poder Judicial 2025-2027.

Según datos presentados por el funcionario, los juicios orales penales pueden tardar hasta 504 días en resolverse, y los casos en materia familiar se extienden entre ocho y 18 meses. Esta lentitud, señaló, se refleja en una confianza ciudadana de solo 54%, seis puntos por debajo del promedio nacional, de acuerdo con la ENVIPE 2024 del INEGI.

"Los problemas son claros: desconfianza, burocracia y lentitud. Un juicio oral puede tardar hasta 504 días, y un asunto familiar, de ocho a 18 meses. Es la percepción ciudadana y los datos lo confirman", afirmó Macedo García.

Pese a que se ha propuesto implementar trámites digitales, uso de inteligencia artificial y transparencia en los juzgados, hasta ahora no se han detallado las causas por las cuales estas tecnologías no están activas. El TSJ tampoco ha informado sobre el el presupuesto asignado disponible ni los plazos concretos para ejecutar estas herramientas en los tribunales.

La propuesta oficial contempla una serie de acciones para modernizar el sistema: ofrecer servicios en línea, publicar sentencias resueltas, crear una Sala Constitucional local y establecer indicadores públicos por juzgado. Sin embargo, en la práctica, el acceso a la justicia en el Estado de México sigue siendo limitado por la brecha digital.

"Será clave ofrecer trámites digitales, usar inteligencia artificial en los procesos internos, publicar los casos resueltos y fortalecer la justicia restaurativa y social desde los municipios. Cada juzgado deberá mostrar sus índices de resolución de forma transparente, cumplir con la Agenda 2030 de la ONU y realizar mesas de trabajo", declaró el titular del TSJ.

Las medidas propuestas también buscan reducir el rezago en materias civil y familiar entre 30% y 40% durante el periodo 2025-2026 y aumentar la confianza ciudadana en al menos cinco puntos porcentuales.

A nivel estructural, el Edomex enfrenta obstáculos como falta de infraestructura tecnológica homogénea, brechas en capacitación del personal judicial, y carencia de normativas locales que garanticen la validez de los procesos electrónicos. Aunque el discurso institucional plantea soluciones digitales, el acceso real a estas herramientas aún no está garantizado para usuarios ni operadores del sistema.

Ante este panorama, el TSJ planea levantar encuestas locales para entender mejor la percepción social y ajustar las estrategias de transformación judicial. No obstante, hasta que no se detallen los mecanismos concretos de digitalización, la distancia entre el anuncio y su implementación continuará siendo un factor que afecta la legitimidad del sistema judicial en la entidad.